Por Claudio Panella*
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas produjeron un golpe de Estado, cuyas consecuencias no pudieron ser más negativas para la sociedad en su conjunto. A partir de la toma del poder, aquellas llevaron adelante un gobierno dictatorial que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, a través del cual aspiraron a instaurar un nuevo orden económico y social que clausurase el ciclo de gobiernos civiles “débiles” y gobiernos militares “fuertes”, que se vinieron sucediendo desde 1930.
En el campo económico y financiero, se implementó un plan de reformas de carácter neoliberal que dieron como resultado, entre otros, el desmantelamiento de la industria –seguida de desocupación- y el aumento geométrico de la deuda externa, en tanto que en lo social, una política de rígido disciplinamiento que derivó en la implantación del terrorismo de Estado y la consecuente violación sistemática de los derechos humanos. El método represivo encadenó secuestros, detenciones clandestinas y desaparición de personas, para lo cual se instrumentaron numerosos centros clandestinos de detención esparcidos por todo el territorio nacional.
En 1982, y en un clima antigubernamental en ascenso debido al deterioro de las condiciones de vida de la población, las Fuerzas Armadas iniciaron una guerra con Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas, cuya derrota aceleró los tiempos políticos y las obligó a convocar a elecciones. Los partidos políticos se reorganizaron, acompañados por una creciente movilización de la ciudadanía, que repudiaba la dictadura y aspiraba a vivir en democracia.
La campaña electoral fue intensa, polarizándose las preferencias de los electores entre el justicialismo y el radicalismo, cuyos candidatos eran Ítalo Luder y Raúl Alfonsín respectivamente. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, luego de una década, los argentinos pudieron elegir libremente a las autoridades que los gobernarían, resultando electo presidente de la Nación Raúl Alfonsín. Asumió sus funciones el 10 de diciembre siguiente portando un mensaje de respeto por la Constitución, defensa de las libertades públicas y convivencia pacífica.
Recibió el apoyo de sus partidarios pero también de sus adversarios, lo que vino a demostrar la conciencia que se tenía de la significación del acontecimiento, que excedía la mera asunción de un presidente constitucional, de por sí trascendente. En otras palabras, se había internalizado el “nunca más” respecto del pasado reciente.
Pero el 10 de diciembre es también una jornada histórica para la humanidad toda debido a que ese día de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La misma expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo, además de establecer que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
A 70 años de aquella declaración y en momentos en que en nuestro país parece cuestionarse el contrato social en el que se asentó la democracia recuperada hace 35 años, basado en el respeto por los derechos humanos y la condena a toda forma de terrorismo estatal, vale la pena recordar –y celebrar- esta coincidencia de fechas y memorias para todos los habitantes del suelo argentino.
*Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
