Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata queremos expresar nuestro enérgico repudio respecto al proyecto de ordenanza aprobado el miércoles 17 de octubre, en el Concejo Deliberante de La Plata. Este proyecto crea la Guardia Urbana de Prevención (GUP) y tendrá la facultad de intervenir como fuerza de seguridad ante “situaciones de riesgo en la vía pública” a fin de prevenirlas, reforzando los dispositivos de seguridad e instituyendo ilegalmente en manos parapoliciales el ejercicio de una violencia normalizadora. Es preciso aclarar que la aprobación se realizó en el marco de una sesión irregular que impidió el ingreso de los y las ciudadanas al recinto, violando la Ley Orgánica Municipal.

El avance punitivo hacia la niñez, la adolescencia y la juventud, junto al vaciamiento de las políticas públicas para el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se manifiestan nuevamente en el intento inconstitucional de creación de una «Guardia Municipal de Prevención», al mismo tiempo que se alega no contar con más recursos para financiar políticas públicas destinadas al sector más vulnerable: el de nuestros niños, niñas y adolescentes.

La inespecificidad argumentativa en la que el Proyecto se sitúa, apelando a las ideas de “flagelo”, a la supuesta conflictividad que iría en desmedro del “bienestar social”, la “vulneración” de la convivencia pacífica, no hace sino profundizar el carácter indeterminado de la supuesta “amenaza” y pone en evidencia que cualquier ciudadano/a podría ser potencialmente sospechoso/a y productor/a de inseguridad. De este modo, en lugar de garantizar las condiciones de seguridad, entendida como resguardo de la propiedad privada únicamente, el Estado opera en un sentido inverso en tanto apela a la construcción de vínculos entre los/as ciudadanos/as a partir de la incertidumbre y la precariedad fomentando la fragmentación social.

Por otra parte, y sujeta a las mismas vaguedades que fundan el Proyecto, cualquier práctica puede ser comprendida, arbitrariamente, como un atentado al bienestar social dando lugar a que se cometan actos y se tomen decisiones discrecionales según la posición y la creencia de los/as funcionarios/as de turno. 
Lo anteriormente dicho queda en evidencia en el inciso d) del artículo 16, debido a que cualquier situación que el/la funcionario/a público/a considere que perturbe el orden puede ser denunciada. De esta manera, los derechos a la libertad de expresión y de reunión serían atacados si se deja a voluntad del encargado/a de seguridad considerar si tal o cual actividad debe o no ser aceptada como una manifestación legítima.

Por otra parte, consideramos que este proyecto es inconstitucional, ya que transgrede la división de poderes y posibilita que el municipio se arrogue atribuciones propias del Estado provincial, como es la garantía en seguridad.

Asimismo, se trata de una propuesta que atenta contra el sistema de promoción y  protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La arbitrariedad de las acciones de estas guardias municipales aparece en un contexto de criminalización de los y las jóvenes, legitimado por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Aumenta vertiginosamente en nuestra ciudad el número de agentes de seguridad locales y provinciales, las guardias edilicias y ahora las guardias urbanas, mientras que se desfinancian programas de promoción y protección de derechos.

En este sentido, se ignora una de las mayores problemáticas que tiene la Dirección Municipal de Niñez, cuyos Servicios Locales necesitan duplicarse para abordar la vulneración de derechos en las cuantiosas delegaciones. Se necesitan operadores capacitados que puedan trabajar los conflictos de niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle y equipos interdisciplinarios que puedan abordar las problemáticas territoriales, en promedio más de 300 casos por delegación.

Para el abordaje de nuestras poblaciones más vulnerables no hay transportes, no hay materiales didácticos, no hay políticas públicas que le propongan a los niños y las niñas una vida “segura”. En este punto asistimos a la segunda inversión del problema, creer que la inseguridad es un “flagelo” que generan unos pocos que hay que apartar y controlar. Esta mirada lineal y reduccionista, borronea el mapa completo de las problemáticas sociales y su relación con las políticas públicas. A la vez legitima un sentido normalizador punitivo que tiene como objetivo fundamental la seguridad de la propiedad privada en desmedro de la seguridad de los derechos humanos fundamentales.

Finalmente, entendemos que el gobierno ha decidido que existe una sola dirección para pensar y resolver las demandas de seguridad, y es haciendo crecer exponencialmente el control y la represión hacia los sectores populares en un marco más amplio de políticas excluyentes y expulsivas. El reverso de la exclusión no puede ser otro que la profundización de las prácticas represivas.