La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata expresa su rechazo a las reiteradas acciones que afectan la democratización de las comunicaciones en la República Argentina. Las políticas públicas en materia de comunicación no están guardando ningún respeto por las instituciones, por el estado de derecho ni por los procedimientos de cualquier sistema democrático que se precie de transparente.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo que surgió como resultado de la Ley 26.522 vigente en la Argentina. Dicha ley, entre las muchas virtudes que tuvo y sigue teniendo, se sostiene en una vocación y perspectiva original en materia de derecho a la comunicación. Pese a las mutilaciones recibidas mediante Decreto de Necesidad y Urgencia la ley sigue vigente y desde nuestra casa de estudios seguimos defendiéndola por su original carácter democrático. No así a los sucesivos DNU impuestos por el actual gobierno.
Sin lugar a dudas, la Defensoría del Público sostiene dicho origen y ha demostrado, en los años de su existencia, ser una garantía para los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. La probidad de un equipo de trabajo de sustantivo carácter profesional significa un aporte en materia de investigación, formación, producción de materiales educativos y atención a toda ciudadana y ciudadano que, tanto a título personal como de manera colectiva, han denunciado diferentes formas antidemocráticas en los medios de comunicación.
Desde hace casi dos años la Defensoría está acéfala por lo que se requiere el nombramiento de una dirección en los términos que indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los procedimientos seguidos para ello deben surgir por parte de la Comisión Bicameral. La situación actual no resiste ningún argumento, en la medida que no se están respetando los mecanismos correctos. El proceder es completamente ilegal. Se trata del nombramiento a dedo por 60 días de Emilio Jesús Alonso, un funcionario del Pro sin antecedentes para el cargo, nombramiento que no siguió los procedimientos indicados por la ley.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual indica que la elección del/a Defensor/a del Público debe seguir un procedimiento democrático y participativo con todas las voces organizadas institucionalmente. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP fortalece toda política de Estado que regule y cuide la diversidad de voces y la institucionalidad participativa de carácter federal, como lo establece la LSCA.
