Por Vilma Sanz*
La Universidad Pública es un actor social y político que influencia en territorios, contextos y profesiones de las diferentes áreas de incumbencia de los profesionales que forma, y con ellos moldea la forma de la Nación. Este enorme poder transformador fue tomando impulso a través de los últimos 200 años, en permanente reflexión crítica, que reivindica la producción y transmisión de conocimientos, y que abona y disputa la protección y ampliación de derechos, entre ellos, el derecho social a la educación, en formas tan sorpresivas como cotidianas, como las que nos imponen sortear pandemias aislantes y tecnologías de aplicación tan inesperadas y veloces, como las de este 2020 para lograrlo.
Para llegar a esta situación, tuvo que salir de los conventos de Córdoba y Buenos Aires, instalarse en Santa Fe, La Plata, Tucumán o el Litoral; estallar en un movimiento estudiantil que logró reformar de raíz el sistema académico universitario contando “para el país una vergüenza menos y una libertad más”; hacerla gratuita y ampliar el ingreso a todos los sectores sociales; amplificar la educación y la investigación para volver lo aprendido e investigado a quienes lo necesiten a través de la extensión y seguir incrementándose hasta ser 47 las universidades públicas y gratuitas; y lograr que cada familia cuente con su primer, pero esperamos no único, egresado universitario, aun si están privados de libertad, sean personas con discapacidad,y luchen contra creencias y prejuicios discriminatorios sociales o de género .
Pero también tuvo que resistir las más variadas violencias, que buscaron torcer ese rumbo reformista, desde las físicas de los bastonazos, gases, corridas, encarcelamientos, torturas y desapariciones hasta la imposición de aquellos modelos gerenciales, que subordinan la vida humana a las ganancias, con prácticas radicales de exclusión, porque “todos los aquí presentes sabemos que los pobres no llegan a la Universidad”, al decir de la reciente ex gobernadora. Todas estas violencias tienen por denominador común el golpe de estado institucional, el revanchismo por los logros ampliatorios conquistados, o la dominación individualista y reproductiva de las prácticas neoliberales.
Hoy, 29 de julio, se cumplen 54 años de una de esas noches de violencia, que, en 1966, un mes después que el golpe de estado militar derrocara al electo presidente Arturo Illia, desarticuló los logros que se habían alcanzado, provocó la desmembración de equipos de investigación y enseñanza, e impulsó una de las mayores “fuga de cerebros”. Al intervenirse las universidades nacionales, se suspendió la aplicación del Estatuto Universitario, que permitíaun régimen de autonomía y cogobiernotripartito de profesores, alumnos y graduados, que había logrado el desarrollo de la investigación científica y de divulgación, y la implementaciónde la extensión universitaria con políticas para el compromiso social de la universidad, a través de un proyecto que proponía articular la extensión con la docencia y la investigación, para trabajar sobre los problemas de los sectores sociales que no tenían acceso directo a los logros científicos y académicos de la universidad. Tanto las autoridades, como docentes y estudiantes rechazaron la medida, y en grupos numerosos ocuparon los edificios de varias facultades en señal de protesta. Esa misma noche, fueron bruscamente desalojados estudiantes, docentes e investigadores, a fuerza de los golpes de las macanas policiales. Uno de los más violentos episodios ocurrió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Sergio Morero, que trabajaba en la redacción de la revista Primera Plana, situada a cuadra y media de allí, ese 29 de julio escuchó sirenas, frenadas, gritos y corrió a ver que sucedía: la Guardia de Infantería de la Policía Federal entraba a la Facultad con bastones largos, rompiendo vidrios y puertas a su paso, y sacando a alumnos, docentes y autoridades a los golpes para subirlos en celulares policiales, llevándolos detenidos. Sergio Morero, relató a Ramiro de Casasbellas, director periodístico de Primera Plana, que la violencia que había presenciado le hizo recordar las noches alemanas de 1938, donde las multitudes de partidarios del nacionalsocialismo empuñaban largos cuchillos y rompían cristales, pero aquí eran largas macanas y borceguís policiales las que golpeaban universitarios y pisaban vitrinas y material de laboratorio, lo que llevó al título de “La Noche de los Bastones Largos”.
Las políticas de memoria se vuelven, al decir de la prosecretaria de DD.HH. de la UNLP Verónica Cruz “un imperativo ético y político para la universidad pública si deliberadamente asume y recrea el legado reformista”. En eso andamos.
*Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP-
