Por la Dra. Pauloni Silvina Mariel*

La Televisión Digital en la Argentina fue un instrumento nacido de una política pública, que se manifestó como espacio de conflicto, pero también como un espacio de integración  y pluralidad. Tras 9 años de su implementación sólo quedan vestigios del olvido. La infraestructura, construida en su inmensa mayoría entre 2010 y 2015, sigue en pie, pero el gobierno actual, no sólo no avanzó  en su despliegue, sino que las 88 estaciones terrestres para transmitir TDT, que cubren al 82 por ciento de la población, carecen de mantenimiento y parecen ser condenadas al abandono.

En este contexto, concretar el apagón analógico en septiembre de 2019 no sería una tarea sencilla para el gobierno de Macri.

Cuando el 28 de agosto de 2009, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adopción de la norma japonesa ISDB-T en el marco de la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), lo hizo con la firme convicción de que la TV Digital debía instrumentarse desde una fuerte mirada social.

Con la llegada de la televisión digital a nuestro país, junto con la redefinición, organización, planificación, producción, inversión, distribución y recepción de nuevas frecuencias y señales, obligaron a repensar la relación entre los medios de comunicación y el Estado. Fue un momento en el que desde el Estado hubo que definir un sistema de televisión a aplicar. Un momento en el que los medios privados debieron reformular sus estrategias de inversión y desarrollo. Un momento donde se propicio la aparición de nuevas emisoras, nuevos canales, nuevos propietarios. Pero también, fue un momento que obligó y demandó nuevas reglas de juego en materia comunicacional.

Está claro a esta altura, que la TV Digital, con escasos años de existencia, y un estancamiento en su desarrollo va camino a su ocaso. La implementación de esta televisión se trató de un proceso que, si bien llevó pocos años, fue produciendo transformaciones tan inmediatas y recientes, que resulta difícil dimensionarlas. El Estado se encargó de brindar a los ciudadanos la posibilidad de que puedan ver la nueva televisión pública abierta y gratuita.

La TDA se expresó como la materialización de la Ley 26.522, que permitió la aparición de nuevos actores del medio, representados en cientos de productoras de contenidos –sobre todo, en el interior del país–; abarató costos de producción; alentó el cumplimiento del 30 por ciento de cuota de pantalla local y el 15 por ciento de contenidos independientes; mejoró las condiciones de accesibilidad a la televisión abierta, tanto desde lo geográfico como desde lo social; incorporó la posibilidad de que las personas con discapacidad, especialmente sordos y ciegos, puedan también sumarse al uso de este medio; federalizó contenidos y abrió mercados profesionales y laborales en virtud de esta posibilidad; permitió la interactividad entre el receptor (antes pasivo) y el emisor; abrió más espacios en el espectro radioeléctrico de los que nunca hubo y aportó múltiples innovaciones sobre la forma tradicional en que la televisión se vincula con la gente.

Por otro lado, y como un claro compromiso con los sectores siempre postergados, se impulsó el Plan Operativo de Acceso «Mi TV Digital», para garantizar la igualdad de posibilidades de acceso a la TDA. Se crearon polos audiovisuales nucleados alrededor de universidades nacionales, que convocaron a cooperativas y organizaciones sociales afines al sector televisivo, PyMEs audiovisuales, productores independientes, televisoras comunitarias, organismos públicos locales, entre otros, para forjar un modelo de industria cultural que intentó brindar el acceso a la televisión abierta y crear nuevas fuentes de empleo.

La TV Digital de Cristina, nos acerco a una sociedad más igualitaria, a una cultura plural, a un campo simbólico donde lo nuestro, lo no macho, lo no blanco, lo no de clase media, lo no occidental, fue visibilizado y permitió proyectar un futuro en donde las diversas realidades  pudieron aparecer en el centro de la escena y disputar con los relatos tradicionales.

El gobierno de Fernández de Kirchner, con sus políticas públicas de comunicación, tecnología y desarrollo satelital, impulsó el crecimiento de un nuevo escenario frente a la convergencia digital. La Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual, la creación de la Televisión Digital Abierta, el desarrollo de Arsat, demostraron como, un gobierno, puede priorizar en sus políticas a la  «inclusión social». Este proyecto político, comprendió esa necesidad de transformación y, frente a poderosas estructuras que aun continúan construyendo cotidianamente su relato, intentó que también otra mirada, otro relato, pueda participar en la trama compleja de la comunicación.

En consecuencia, se empezó a trabajar en dos instrumentos que en los últimos años permitieron pararnos en el mundo de la comunicación desde una mirada que busco ser nacional, popular y democrática y hoy se encuentra completamente avasallada por un gobierno neoliberal.

*Co- Directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (CeID-TV) y profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP