Por Marcelo Torrano*

El  13 de diciembre de 1983 a tan sólo 3 días de haber asumido la presidencia de la nación Argentina, después de la oscura noche de la dictadura,  Raúl Alfonsín, establece por decreto enjuiciar a las juntas de comandantes.

Los desafíos que se le presentaban al nuevo presidente eran de una magnitud nunca vista en la Argentina y esta decisión del Presidente marca un hecho sin presentes y único. Las juntas de militares que gobernaron el país entre el 76 y el 83 a punta de pistola habían dejado tierra arrasada. Miles de desapariciones forzadas de personas, destrucción del tejido social, campos de concentración, extranjerización de la economía, deuda externa inaudita, quiebre del modelo productivo, nueva ley de entidades financieras, entre otros  golpes al pueblo argentino.

Las FFAA se retiraron del poder con un decreto de auto amnistía que los libraba de las responsabilidades de todas las atrocidades cometidas. Se retiran con poder.  Prepararon su salida después del “fracaso” de Malvinas durante más de un año.

También y paralelamente el 15 de diciembre de 1983 pide un informe a una comisión de notables y el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue presentado en 1985 con el título Nunca Más.

Los  considerandos del decreto son expresiones de un coraje muy grande de lo que pocos se animaban a denunciar,  aunque no se llega a denominarlo terrorismo de Estado, enmarcado además en la teoría de los dos demonios. Dice “Que entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria «doctrina de la seguridad nacional». Se habla allí también de “acción  psicológica” en contra de la población y respecto a los subalternos.  Asimismo  se expresa en otro de los puntos  que “se menoscabó de modo ilegal la libertad personal”.

El decreto 158 dice “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 …”.

Primero llevó la causa el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero frente a la «demora injustificada» del tribunal militar en la instrucción, en octubre de 1984 la Cámara Nacional de Apelaciones se la quitó y continuó el proceso, terminando el sumario y llevando adelante el juicio.

La Cámara Federal dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985 con condenas que confirmaron un plan sistemático de exterminio por parte de la dictadura cívico militar que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976.La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de los detenidos, quedaron expuestos durante el juicio,  fundada en 709 casos presentados durante el juicio.

En el mismo Gobierno radical llegaron las leyes de punto final (1986) y de obediencia debida (1987), seguidos por los indultos de Carlos Menem (1990) que dieron marcha atrás en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Con Néstor Kirchner en el gobierno se promovió la derogación de las leyes del perdón y el 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Este hecho se constituye en uno de los pilares de la democracia en nuestro país y un eje diferencial significativo respecto a las democracias latinoamericanas, después de los procesos dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX. En otros países hermanos, por no extenderlo al mundo, los militares como expresión de la derecha continental y con gran influencia de la política estadounidense en el marco de la guerra fría, no fueron enjuiciados para pagar las consecuencias por hechos aberrantes. El Juicio a las Juntas, como se le conoce, conmovió al País y al mundo.

En  estos tiempos, finalizando el 2019, revalorizamos más esta decisión tomada entonces por el presidente Alfonsín, porque observamos la baja calidad democrática que sufren países hermanos, la violación sistemática de los derechos humanos en las revueltas en Chile, los horrores de violencia después del golpe de Estado en Bolivia. Como en Brasil, las distintas fuerzas armadas se han convertido en poder político.

En mayo del 2017 ante el intento de aplicar el beneficio del 2 x 1 a delitos de lesa humanidad por parte de la Suprema corte de justicia de la nación, una multitud colmó la Plaza de Mayo y  días después, se retrocedió en la aplicación de la normativa. La sociedad Argentina sigue sosteniendo firme lo que expreso el fiscal del juicio a las juntas en su alegato final “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.

*Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP