Por Fabiana Rousseaux*

En 1997, la Asamblea General de la ONU, proclamó – en su resolución 52/149- el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46), que había entrado en vigor el 26 de junio de 1987.

Desde esa fecha a esta parte, muchas han sido y son las denuncias que se continúan registrando sobre episodios de tortura como si esa letra no hubiera podido funcionar de modo absoluto como freno real y definitivo ante los actos de crueldad cometidos por parte de los Estados.

En el último período en nuestra región, particularmente en el cono sur, la convivencia con los episodios inefables que se derivan de actos tortuosos, dan cuenta de la trascendencia que lo escrito instituye en la medida que son aquellos Estados que no solo han suscripto esta Resolución -sino otras también que van en el mismo sentido de función de tope, de límite, de frontera- sino los que además han hecho “letra” esos escritos, en la medida que han implementado medidas reales de apoyo a las víctimas de los diversos modos de la tortura, es decir que han asumido la decisión de poner un freno a lo inefable, y a sus marcas.

Uno de los modos de asumir lo inefable y sus marcas, es poner en primer lugar la(s) tortura(s) como crímenes de Estado en el orden de un problema social y no solo de quien fue víctima directa de violaciones de derechos humanos.

Las formas de crueldad que no sólo no son sancionadas por los Estados, sino que en algunas ocasiones han sido resaltadas por ciertos gobiernos como ocurrió en la Argentina durante el macrismo, o durante los episodios atroces del golpe en Bolivia, o desde la sistematicidad de la violencia durante el estallido en Chile, o en el trágico escenario brasilero, indican que no alcanza con suscribir los tratados. Sin embargo esa letra puede ser instituida en marca a la cual apelar en momentos donde algunos gobiernos inescrupulosos arrasan lo escrito para dar lugar a la diseminación de prácticas atroces aún en contextos democráticos.

En nuestro país, durante la década del 2003 al 2015 hemos consolidado una fuerte política de asunción del dolor de las víctimas del terrorismo de Estado que atravesaron por los desfiladeros de la tortura, a partir de anudar esas políticas en torno al significante Dignidad.

Luego de esa experiencia podemos decir que la reivindicación de la letra escrita, la revisión de lo asumido en los estamentos gubernamentales frente a los Estados del mundo, tomaron su valor, salieron de la dimensión de letra muerta para cobrar un nuevo sentido, anudado a la implacabilidad de la palabra de las víctimas. Es allí que las marcas tomaron un estatuto inédito en el momento donde el testimonio de lo vivido por las víctimas no sólo tuvo el estatuto de verdad jurídica sino -y fundamentalmente- como derecho a la dignidad.

En ese legado quizás podremos encontrar algunos significantes que nos permitan articular esa historia en común con lo escrito, frente a momentos tan complejos como los actuales, donde el eco del grito desesperado de un hombre negro torturado en una ciudad de Estados Unidos frente a la mirada pública mundial, tocaron un límite y las consecuencias que ello ha tenido parece indicarnos que cuando se tocan los límites y todo se profana, la letra retorna para re-escribirse en la voz de los humillados/as/es y frenar la catástrofe de la indignidad.

* Psicoanalista, Dirige la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria.