La libertad en disputa
Por Cristian Payalef (*)
Cada 28 de junio conmemoramos internacionalmente el Día del Orgullo LGBTIQ+ con motivo del aniversario de la histórica Revuelta de Stonewall Inn, que tuvo lugar hace 55 años en la ciudad de New York. Aquella gesta, que pasó a la posteridad como la primera manifestación contra la discriminación policial hacia las personas LGBTIQ+, fue la piedra fundacional de una historia de lucha, resistencia y visibilización de las vulneraciones, persecuciones y exclusiones de las que hemos sido –y continuamos siendo– objeto como comunidad.
Particularmente en nuestro país, antes y después de Stonewall, asistimos a múltiples procesos de organización entre actores de la diversidad que impactaron en las múltiples conquistas de reconocimiento para la comunidad. La materialización de leyes y regulaciones en las últimas décadas transformaron a Argentina en un país de avanzada en políticas de género, inclusión y derechos humanos. Desde la Primera Marcha del Orgullo en 1992 donde participaron alrededor de 300 personas (muchas de ellas enmascaradas), hasta la última en 2024 que reunió a más de un millón de concurrentes, hemos avanzado en nuevos pisos de discusión gracias a la voluntad política durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que posibilitaron la Ley de Educación Sexual Integral (2006), la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012) como grandes hitos que saldaron en parte una deuda del Estado hacia nuestras identidades. Esta última ley, además de permitir el cambio de nombre y género en el DNI, habilitó el acceso a otros derechos fundamentales como la salud y la educación.
No obstante, este año nos encontramos frente a un escenario sumamente complejo y cuanto menos preocupante para nuestras identidades sexo-genérico disidentes. El cambio de gobierno hacia una orientación política de derecha en las últimas elecciones presidenciales son síntoma de un fenómeno que se da a nivel global y que trae aparejados múltiples peligros para las realidades individuales dentro de nuestro colectivo.
La proliferación de los discursos de odio y el aumento desmedido de las violencias a mujeres y diversidades vuelven a estar legitimados por un régimen que desconoce nuestro horizonte de justicia social, algo que se ve cristalizado en el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad inaugurado en 2019 y el recorte a políticas proteccionistas que buscaban paliar las desigualdades que atravesamos como colectivo. Este cierre no solo representa un retroceso en materia de políticas públicas, sino que también envía un mensaje negativo a la comunidad LGBTIQ+.
En los casi 7 meses que lleva de gestión, la nueva administración del gobierno nacional lleva adelante un brutal ajuste que no sólo ha empobrecido a la clase trabajadora y los sectores populares, sino que impacta de lleno en una comunidad que históricamente ha sido segregada, estigmatizada y en algunos momentos de nuestra historia, perseguida y diezmada. Al cierre del Ministerio a nivel nacional, se suman el vaciamiento y cierre de las delegaciones del INADI en todo el país y los más de 120 despidos de quienes ingresaron a trabajar en el Estado Nacional luego de la sanción de la Ley de Acceso al Empleo Formal o Ley de Cupo Laboral en 2021 que lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán, dos históricas referentas que dieron su vida en la lucha por el reconocimiento de derechos y reparación del colectivo travesti trans.
En esta línea, no sorprenden algunos dichos repudiables en torno al «Triple lesbicidio en Barracas» ocurrido en abril de este año y posicionamientos en contra del uso del lenguaje incluyente por parte de Vocería Presidencial que dan cuenta del retroceso hacia una postura patriarcal y represiva hacia las identidades que salen de los binarismos y la heteronorma por parte del Estado Nacional.
Este nuevo marco social en el que nos hallamos insertos, con una desocupación del 7,7% según cifras oficiales y que escala al 8,4 si nos enfocamos solo en las mujeres sin empleo, sumado a la emergencia económica que ya ha alcanzado al 48,9% de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, ¿qué posibilidades de subsistencia reales existen para una comunidad que se encuentra nuevamente sumida en la marginación, la informalidad y la clandestinidad?
Aún al calor del piso de derechos que supimos conseguir gracias a la persistencia de los organismos de Diversidad y DDHH, muchas de las necesidades básicas de nuestra comunidad siguen sin ser satisfechas. El acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno continúa siendo una utopía para muchas personas, y el contexto actual no hace más que clausurar las oportunidades en un mundo cada vez más volcado a la individualidad y al paradigma del «sálvese quien pueda». La población LGBTIQ+ ha vuelto a ser rehén de un capitalismo a ultranza que se embandera bajo el concepto de «libertad», pero que en la práctica oprime el desarrollo de nuestros objetivos, proyectos y deseos.
Con el orgullo como símbolo de lucha, la «marea multicolor» que en otros momentos ha logrado instalar en la agenda emocional muchos de nuestros reclamos históricos, debe volver a ser protagonista en la disputa por los sentidos conquistados. Disputemos la libertad como concepto que nos ha sido arrebatado y que por derecho histórico nos pertenece.
Es fundamental que desde las organizaciones, áreas de género y diversidad que aún persisten y resisten, junto con aquellos representantes del campo nacional y popular que ocupan espacios de gestión, tomemos conciencia de la amenaza a la que nos enfrentamos y comencemos a generar acciones concretas para defender nuestros derechos y frenar el amedrentamiento al que estamos siendo sometidos.
Sigamos preguntando ¿Dónde está Tehuel?, reclamando una ley de reparación para nuestras históricas sobrevivientes del travesticidio social, luchando por la plena implementación del cupo laboral y manteniendo vivos los nombres de quienes hemos ido perdiendo en el camino producto del odio, la desidia e indiferencia que criminaliza, asesina y desaparece nuestras cuerpas disidentes.
La libertad que queremos es la de poder vivir nuestras identidades sin miedo. Orgullo es democracia.
Si estás atravesando una situación de violencia por motivos de género, podés comunicarte con:
1) La Secretaría de Políticas de Género y Feministas a través de Instagram @generofpycs, o de lunes a viernes de 10 a 17 hs en la oficina 34 – 3° Piso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP;
2) La línea 144, disponible las 24 horas, todos los días. La misma brinda asesoramiento, contención y derivación para víctimas de violencia por razones de género. Es gratuita y confidencial. También podés contactarte por WhatsApp y Telegram a los números: 221-508 5988 y 221-353 0500; y
3) El 911, en casos de emergencia.
(*) Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, Integrante de la Secretaría de Políticas de Género y Feministas, Integrante del Centro de Producción, Formación e Investigación en Masculinidades, Comunicación Y Géneros.
