Por Zulema Enriquez*

Cada 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, este año el lema de la campaña global de la ONU fue  “Aprovechar el potencial de la movilidad humana”.

Esta fecha proclamada el 4 de diciembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 55/93 «teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes”.

Las migraciones en el mundo son movimientos, que pueden ser voluntarios o forzosos, son el resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar. En 2020, había unos 281 millones migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,6% de la población mundial, según informe de Naciones Unidas.

Desde los Estados nacionales es clave entender las migraciones como un “derecho humano” como lo reconoce la Ley Nacional de Migraciones 25.871 en Argentina, sancionada el 17 de diciembre del 2003 por Néstor Kirchner, porque aplica políticas de inclusión y no políticas de exclusión y represivas que legitiman y construyen discursos racistas y xenófobos.

De todas formas las cifras dan cuenta de la necesidad de profundización de estas políticas y describe el contexto regional e internacional de las movilizaciones migratorias. Los migrantes contribuyen con el desarrollo de comunidades más fuertes y resilientes, especialmente en la lucha contra la pandemia por COVID-19. Ellos han sido los principales afectados por esta situación sanitaria a nivel mundial con riesgos de ser víctimas de trata y explotación.

La última Encuesta Nacional Migrante (ENMA) 2020 estableció que el 70% de las personas migrantes en la Argentina tiene hijos/as que asisten a la educación de nivel inicial (10%), al nivel primario (24%), al nivel secundario (25%) y a un nivel superior terciario o universitario (33%). El 84% concurren a instituciones educativas estatales mientras que el 16% asiste a instituciones de gestión privada o mixta. Esta información pone en relieve el rol fundamental que tiene la educación pública en el acceso al derecho a la educación de la población migrante.

Cabe destacar, asimismo, que solo 3 de cada 10 migrantes perciben ayudas de seguridad social del Estado.

La escuela suele ser la primera institución estatal con la que entra en contacto el migrante. Por otro lado el acceso a la documentación es uno de los derechos profundamente trabajados desde la Dirección Nacional de Migraciones asistiendo y llevando los trámites de documentos a lugares, localidades donde antes nunca se había llegado.

Las Migraciones son clave para el avance en la construcción regional, conceptualizada desde los derechos Humanos. El racismo y la discriminación estructural como matriz de la construcción de identidades hegemónicas son interpeladas también desde la construcción de la otredad, a partir del no-nacional, de les migrantes. Esto nos permite reconfigurar nuestras perspectivas de la nacionalidad, reivindicándonos desde los derechos colectivos y la construcción de una ciudadanía suramericana, desde la inclusión, la paridad, la pluralidad, la descolonización, bajo el concepto de la Patria Grande y Runasur. La Patria siempre es el otro/a/e.

*Docente quechua y directora Pueblos Originarios “Emilia Uscamayta Curi” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.