(*) Por Ricardo Sandoval
Hoy se cumplen 14 años de la sanción y promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual – Ley 26522-, presentada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento y que se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.885 instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” y que hasta entonces se mantenía vigente en materia de comunicaciones en Argentina.
Desde la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular, queremos celebrar la posibilidad de seguir construyendo el debate público en un año donde también conmemoramos cuarenta años de la recuperación de nuestra democracia.
Creemos fundamental no olvidar la urgente necesidad de que la comunicación sea protagonista en la agenda pública, política y social en nuestro país, y de poner en la centralidad de las discusiones la construcción y generación de políticas públicas en materia de comunicaciones que den respuesta a las demandas expresadas por los movimientos sociales, gremiales, académicos, cooperativos, estatales y de toda nuestra población.
Hace un año y un mes, sucedió el repudiable y lamentable hecho de intento de asesinado de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hecho que puso en relieve no sólo la ruptura del pacto democrático que a este pueblo le significa un pacto fundamental para no volver a tiempos oscuros y de terror, y que además para fines de nuestro campo y ejercicio de derechos, una preocupante amenaza en cuanto a lo que representa las responsabilidades de las empresas mediáticas, que avalan y promueven así la propagación de discursos de violencia, atentando al debate público a través de mecanismos de desinformación y vulnerando de esta manera otros derechos de la ciudadanía. Es de suma gravedad que este hecho de violencia no se profundice su investigación desde la justicia para llegar a develar los intereses y responsabilidad de poderes ocultos y responsables, los cuales no sólo atentaron contra la integridad individual de una persona sino también contra los derechos de todo un pueblo.
La Universidad Pública y en particular nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP siempre ha acompañado junto a los movimientos sociales, la defensa por el ejercicio al Derecho a la Comunicación, el cual desde los Foros impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática desde el 2004 y la lucha por una comunicación democrática impulsada por las Voces Libres del Pueblo durante el avance y avasallamiento a los derechos por Macrismo ha estado presente.
Nuestra Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular, es un ejemplo de lo que esta Ley ha posibilitado, como también el otorgamiento de Licencias y surgimiento de nuevos medios universitarios, actualizaciones de planes de estudios, y la formación de nuevas y nuevos profesionales de la comunicación desde una perspectiva de derechos se piense a la comunicación como campo estratégico para la disputa de los sentidos.
El objetivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia es lograr el interés público desde valores asociados con el Bienestar Político, Social y Económico, en materia de Acceso, Participación, Diversidad y Pluralismo como también en materia de Regulación de los servicios Públicos de Radio y Televisión.
La Ley de Medios, como muchas y muchos le han nombrado, ha sido blanco de sistemáticos ataques, los cuales han vulnerado un derecho humano como lo es el Derecho a la Comunicación, estos ataques se encrudecieron a partir de diciembre de 2015 cuando el gobierno electo de Cambiemos, a los días de asumir profundizó en decisiones a favor de la concentración de las comunicaciones a través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia. Decretos como el DNU 13 supeditó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) bajo el Ministerio de Comunicaciones. Y el DNU 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos que reemplazó a Radio y Televisión Argentina SE (Canal 7, Radio Nacional, RAE, Télam, Bacua, la porción nacional de Telesur y los agregados Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis).
El Decreto 236/2015 – Intervino por 180 días a AFSCA y AFTIC desintegrándose finalmente y por otro lado, el decreto 237/2015 especiifica las funciones del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, instaurando en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), un organismo que regula el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión que a diferencia de la característica descentralizada y Autárquica de los dos primeros órganos, este último el Poder Ejecutivo puede remover a cualquiera de los miembros“en forma directa y sin expresión de causa”.
Seguidamenteel Decreto 267/2015, Modificación Ley 26.522 y 27.078, puso de manifiesto la decisión de favorecer la concentraciónmediática bajo la cortina de favorecer la convergencia y el desarrollo de tecnologías de la información, siendo una de las consecuencias la megafusión de Telecom-Cablevisión loconstituye una contradicción como regulación.
Dichos decretos de Necesidad y Urgencia, alteraron aspectos centrales como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización; la integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA); la adjudicación para servicios de radiodifusión por suscripción, prórroga, transferencia y multiplicidad de licencias, y la adecuación de los titulares de las mismas.
Para los medios Comunitarios,Alternativos y Populares, todos estos aspectos se traducen en la afectación de la gestión comunicacional, algunos ejemplos cotidianos están relacionados con el incumplimiento de las disposiciones para el fortalecimiento y sostenibilidad del sector (FOMECA) Generando en su momento una deuda millonaria a iniciativas y proyectos aprobados previamente. Otros aspectos tienen que ver con la implementación de laspolíticaseconómicas del Gobierno de Mauricio Macri que desataron un caos económico financiero, contrayendo deuda y devaluando el valor de la moneda en relación al dólar, lo cual impactó en la suba de los servicios básicos, (Agua, Luz, Gas) afectando enormemente a los medios comunitarios donde los recursos no les alcanzaban para sostener la actividad bajo estas políticaseconómicas, en este sentido los medios de la Red de Radios Rurales, la Coalición por una ComunicaciónDemocrática, Voces Libres del Pueblo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y otras redes de medios comunitarios, salieron a denunciar los atropellos que estaban sucediendo hacia el sector ya que se estaban criminalizando a los y las periodistas movilizadas, el decomiso de medios y cierre de medios sin fines de lucro, el vaciamiento de la agenda y despido de periodistas de radio y tv pública y agencia Télam.
Está muy claro que con la llegada del macrismo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sufrió un golpe profundo en su implementación, favoreciendo la concentración y la mercantilización sobre el Derecho a la Comunicación. Aún así la Ley sigue vigente y en los últimos tiempos en términos de regulación algunos avances se han realizado como por ejemplo en los tratamientos a la Ley de Exención de Asignaciones Específicas para la Cultura el año 2022, como también el tratamiento reciente respecto de la Ley 27.635 de Equidad de Género en los Servicios de Comunicación, que promueve en los servicios de comunicación públicos y privados la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión y que además garantiza la plena implementación referida a la ley 27735/2021 y el acompañamiento que hace la Defensoría del Público a medios, como los esfuerzos realizados para la regularización de licencias, el sostenimiento del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), herramienta fundamental para redistribuir los recursos para los medios de comunicación audiovisual, como lo son los comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
Vemos la importancia de seguir avanzando en el tratamiento de proyectos como los de la reducción impositiva a medios de comunicación, pymes y comunitarios, y la regulación de servicios digitales extranjeros.Nuestras discusiones siguen poniendo en alerta la Concentración y desproporción respecto de la pauta sobre publicidad oficial y los modos en que se distribuye, es fundamental una distribución desde una mirada federal y plural que incluya a los Medios Populares, Comunitarios, Alternativos, Cooperativos y Universitarios.
Alertamos también que el derecho de acceso a internet en la actualidad, es uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión y reafirmamos nuestro repudió a la suspensión por parte del poder judicial de la vigencia del decreto 690/20202 que declara el acceso a Internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales.
Seguimos exigiendo desde la Universidad Pública junto con los diversos sectores sociales que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la participación cultural en el ámbito digital en condiciones de igualdad.
Desde las discusiones y debates que llevamos adelante en nuestra casa de estudios junto con nuestra comunidad estudiantil, coincidimos con distintos los distintos movimientos de la comunicación en la necesidad de modificar la definición de comunicación audiovisual establecida en el artículo 4 de la ley 26522, para pensar por la diversidad de modalidades de radiodifusión y su distribución, y consideramos de suma importancia la ampliación y reactivación de llamados a concursos para Medios Comunitarios, Alternativos y Populares principalmente en zonas de conflicto y grandes ciudades como también la actualización del padrón de medios existentes al día de hoy junto con garantizar la efectiva participación de manera activa del sector de la Comunicación Popular y Comunitaria, dentro del Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO).
Sustentamos una idea de Comunicación Popular que rompe con los estereotipos de restringirla solamente a los territorios de las organizaciones y a los movimientos sociales, de donde nacen los medios asociativos, digitales o no digitales, sino también la posibilidad de pensar la comunicación pública, política, democrática y feminista, también desde la Universidad y Estado que también son territorios garantes a nivel local, provincial y nacional de dispositivos y posibilidades para la toma de la palabra de todas nuestras comunidades. Es primordial que en los distintos territorios donde actúa la Comunicación Popular, los enfoques y las estrategias comunicacionales, en palabras de Claudia Villamayor, «sea fundamental comprender las tramas del poder y desnaturalizarlo por las consecuencias de desigualdad. Porque sino se modifica el orden del discurso y la trama del poder que lo sostiene, no hay reales transformaciones».
A 14 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Popular, nuestro compromiso es aún más fuerte porque se garantice la toma de la palabra por parte de nuestro pueblo, donde la justicia social, la dignidad, la memoria y la soberanía no se negocien.
(*) Docente y Director de la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular de la FPyCS UNLP
