Por Pablo Antonini y Ricardo Sandoval (*)
Se cumplen quince años de la madrugada donde, con una plaza colmada que se mantenía en vigilia desde el día anterior, el Congreso Nacional daba sanción a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Los debates sobre todo lo vinculado a la comunicación, propiedad, intereses, concentración o democratización de los medios, defensa de la producción y la cultura nacional, federal, local, intercultural, nunca habían tenido ni volvieron a tener la centralidad en la agenda pública que mantuvieron en ese tiempo. Al igual que las demandas y propuestas al respecto de los movimientos sociales, sindicales, cooperativos, académicos y representativos de los más diversos sectores que participaron en los foros, audiencias y debates previos.
La sanción de la Ley SCA representa un hito de la democracia no sólo porque terminó con la vigencia de un decreto de la dictadura en la materia, sino también por todo el recorrido que llevó hasta ahí. Tanto la elaboración y propuesta de sus “21 puntos” básicos en agosto de 2004, como la presentación del proyecto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cinco años después y el propio trámite legislativo en ambas cámaras, estuvieron signados por una participación popular y capacidad de hacer síntesis de las diversidades con pocos parangones en la historia reciente.
Junto con la reivindicación, es necesario el análisis y estudio de su implementación concreta y las políticas públicas que se pudieron llevar efectivamente adelante en el período inmediatamente posterior. Muchas de ellas realmente transformadoras, sobre todo en lo referido a la consolidación y aparición de nuevos actores y voces, tanto en el sector privado como público y comunitario. Así como en el impacto de sus premisas en distintos espacios institucionales, educativos y sociales. En otros aspectos, sobre todo referidos a la desconcentración, pero también a la institucionalidad de sus mecanismos de aplicación, a la legalización y fomento para la sostenibilidad de esa pluralidad naciente, quedaron cuentas pendientes que luego se iban a pagar caro. Es pensable que, de haberse mantenido la convocatoria al protagonismo en la implementación a sectores y referencias que fueron clave para el debate y sanción, esa parte de la historia hubiera sido diferente. También debe recordarse el asedio judicial a algunos de sus artículos centrales, que recién pudo saldarse el 29 de octubre de 2013 con el fallo de la Corte que admitió su plena constitucionalidad.
Tomando como referencia esta última fecha, cabe señalar que la Ley sólo pudo conjugar su vigencia plena con la definición política de un gobierno por implementarla durante un poco más de 2 años de estos 15: el gobierno macrista le mutiló y modificó aspectos centrales mediante sucesivos decretos apenas asumido en diciembre de 2015, que no fueron recuperados por el gobierno posterior. El gobierno actual directamente la incumple con el mismo desprecio que exhibe para todos los marcos normativos, institucionales y económicos que expresen avances populares.
La misma lucha con nuevas agendas
“El gobierno de LLA avanzó a contramano de las normas democráticas procediendo por decreto al desmantelamiento de los medios públicos y las instituciones de fomento sectorial, así como a la intervención de los órganos reguladores de la convergencia comunicacional y de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, avasallando las competencias de ambas cámaras del Congreso Nacional en su gestión y conducción”, repasa la Coalición por una Comunicación Democrática, en declaración emitida el 27 de agosto pasado, al cumplirse 20 años de la presentación de los “21 puntos”.
“El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Radio y Televisión Argentina (RTA) y los medios públicos están siendo vaciados de funciones y personal. En el caso de la agencia Télam han clausurado el servicio informativo. La programación local de Radio Nacional es reemplazada por conferencias del vocero presidencial y contenido porteño. Existe un verdadero apagón informativo, que cuenta con el silencio cómplice de medios que antes reclamaban por un sistema público sin injerencia gubernamental”, continúa la declaración. “Los fondos legalmente creados para la promoción del cine nacional, el teatro argentino, la música independiente, el sistema de medios comunitarios e indígenas, así como para la conectividad a internet en zonas con vulnerabilidad social o geográfica, están pisados. El uso discrecional de la pauta afecta la sostenibilidad de medios pymes, comunitarios, universitarios y cooperativos. Todo ello ha creado un estado de emergencia informativa y cultural que afecta la gestión de los medios a nivel nacional así como la producción audiovisual y el acceso a la conectividad con inclusión social”
La Ley cumple sus 15 en un contexto donde circulan fuertes discursos públicos de descalificación hacia el trabajo en la comunicación y el periodismo, enalteciendo en contraposición el uso personal de redes y plataformas de grupos trasnacionales como manera de informarse e informar, y pretendiendo obturar cualquier debate o parámetro sobre responsabilidad social y garantía de veracidad de esa información. Con el apoyo de dispositivos para multiplicar cuentas falsas, segmentar, encapsular e inducir climas de opinión, esta perspectiva alienta la circulación de noticias falsas, incitación a la violencia, mensajes discriminatorios y de odio.
Este proceso de institucionalización de la violencia simbólica por parte de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, desde un discurso que fustiga voces disonantes al tiempo que promueve formas de concentración inéditas de los circuitos de circulación de la palabra, tiene que ser más que nunca motivo de reflexión, sistematización y acción colectiva para recuperar el valor estratégico de pelear por una comunicación democrática y federal.
El crecimiento de la pobreza a más del 55%, la pérdida del poder adquisitivo del salario, destrucción del empleo, avances sobre la educación pública, salud, cultura, jubilaciones, ataque a organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, entre tantas otras urgencias, podrían hacer suponer que este es un tema secundario en comparación. Pero tanto la experiencia de debate y sanción de la Ley como el encarnizado empeño en destruirla demuestran que, por el contrario, se trata de una dimensión indispensable para el mantenimiento de un status quo o para su transformación. Cambian los mecanismos, las tecnologías, las lógicas de producción y consumo, las políticas y normas a construir, pero esto no “desactualiza” esta necesidad: sólo obliga a actualizarse permanentemente en la manera de abordarla.
Nuestra Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular es un ejemplo de lo que esta Ley ha posibilitado en la Universidad Pública, como el surgimiento de nuevos medios universitarios, actualizaciones de planes de estudios, y la formación de nuevas y nuevos profesionales de la comunicación desde una perspectiva de derechos.
A un día de la ratificación del Veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte de los y las diputadas obsecuentes a los poderes concentrados que siempre atentaron contra el Derecho a la Comunicación, es indispensable que desde ésta y cada Facultad del país se reivindique esta historia y su vigencia, se estudien los por qué de sus avances y retrocesos, y se incorporen cada vez más herramientas para encarar los nuevos desafíos. Asumiendo a la Comunicación como una dimensión estratégica para la construcción de un horizonte político de igualdad, respeto y justicia social.
(*) Docentes de la Tecnicatura Superior en Comunicación Popular de la FPyCS
