Por Claudio Panella*
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas produjeron un golpe de Estado, cuyas consecuencias no pudieron ser más negativas para la sociedad en su conjunto. A partir de la toma del poder, aquellas llevaron adelante un gobierno dictatorial que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, a través del cual aspiraron a instaurar un nuevo orden económico y social que clausurase el ciclo de gobiernos civiles “débiles” y gobiernos militares “fuertes”, que se vinieron sucediendo desde 1930.
En el campo económico y financiero, se implementó un plan de reformas de carácter neoliberal que dieron como resultado, entre otros, el desmantelamiento de la industria –seguida de desocupación- y el aumento geométrico de la deuda externa, en tanto que en lo social, una política de rígido disciplinamiento que derivó en la implantación del terrorismo de Estado y la consecuente violación sistemática de los derechos humanos. El método represivo encadenó secuestros, detenciones clandestinas y desaparición de personas, para lo cual se instrumentaron numerosos centros clandestinos de detención esparcidos por todo el territorio nacional. En 1982, y en un clima antigubernamental en ascenso debido al deterioro de las condiciones de vida de la población, las Fuerzas Armadas iniciaron una guerra con Gran Bretaña por la recuperación de las Islas Malvinas, cuya derrota aceleró los tiempos políticos y las obligó a convocar a elecciones.
Los partidos políticos se reorganizaron, acompañados por una creciente movilización de la ciudadanía, que repudiaba la dictadura y aspiraba a vivir en democracia. La campaña electoral fue intensa, polarizándose las preferencias de los electores entre el justicialismo y el radicalismo, cuyos candidatos eran Ítalo Luder y Raúl Alfonsín respectivamente. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, luego de una década, los argentinos pudieron elegir libremente a las autoridades que los gobernarían, resultando electo presidente de la Nación Raúl Alfonsín. Asumió sus funciones el 10 de diciembre siguiente portando un mensaje de respeto por la Constitución, defensa de las libertades públicas y convivencia pacífica. Recibió el apoyo de sus partidarios pero también de sus adversarios, lo que vino a demostrar la conciencia que se tenía de la significación del acontecimiento, que excedía la mera asunción de un presidente constitucional, de por sí trascendente. En otras palabras, se había internalizado el “nunca más” respecto del pasado reciente. Efectivamente Nunca más es el título del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, dado a conocer en 1984, donde se consignaron miles de desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados por la dictadura militar.
El 10 de diciembre de 1983 simboliza entonces el retorno de la democracia, pero también el hecho concreto de que esta última, como forma de gobierno y como doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, se funda en el no retorno a ese pasado oprobioso. Y que los responsables de tales crímenes deben ser juzgados y condenados. Estos fundamentos fueron entendidos por la inmensa mayoría del pueblo argentino, que se encargó, en múltiples manifestaciones y movilizaciones llevadas a cabo en todo el territorio nacional, de hacérselo saber a aquellos gobiernos que intentaron de cuestionar –por cierto en vano- este contrato social básico.
*Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
