Por Ana Carbonetti

La plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reunida en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, exigió al Congreso de la Nación y al Gobierno nacional la legalización y despenalización del aborto en nuestro país.

El movimiento de mujeres volvió a reunirse en la plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tuvo lugar en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, esta vez en un escenario político que se reconfiguró, a partir del nuevo gobierno, avanzando sobre las conquistas de los últimos años en materia de derechos de las mujeres.

Es necesario realizar una caracterización y diferenciación clara entre el anterior gobierno kirchnerista y el actual gobierno de la Alianza Cambiemos. Si bien durante las gestiones de los gobiernos kirchneristas no se avanzó en una ley concreta que garantizara la legalización y despenalización del aborto en nuestro país, lo cierto es que hubo una política de Estado clara a favor de los derechos de las mujeres y del acceso a los derechos en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva.

En materia de legislación, la Ley 26.529 referida a los Derechos del Paciente; la Ley 23.660 que garantiza los derechos de acceso a la salud frente a las obras sociales y prepagas; la ley de Identidad de Género; la Ley de Matrimonio Igualitario; a las que se suman el Programa Nacional en Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable, así como también otras leyes, programas y convenios que están en diálogo unos con otros, son el ejemplo que grafica de mejor modo una política de Estado clara por parte del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en pos de seguir avanzando en un acceso a la salud más integral, pero fundamentalmente más justo.

Pese a que en sus intervenciones públicas Mauricio Macri y el resto de sus funcionarios aseguraron que los Programas nacionales y provinciales, así como también sus equipos de trabajo, iban a continuar en funcionamiento, lo cierto es que están sufriendo un desmantelamiento y vaciamiento que hace eco en los despidos, en la quita de recursos y en la feroz reducción del presupuesto en salud que golpea directamente, en el caso de la salud sexual, en la falta concreta de anticonceptivos que por ley el Estado argentino debe garantizar. Esto impacta de manera directa en la vida cotidiana de los ciudadanos, que verán vulnerado su derecho constitucional de acceder a métodos anticonceptivos en los Centros de Atención Primaria de la Salud y en los distintos hospitales públicos.

No caben dudas de que no es lo mismo un Gobierno que entre 2005 y 2015 lanzó, en materia legislativa y de política pública, un arsenal de herramientas institucionales que respaldaron las acciones concretas en defensa, acompañamiento y difusión que la más diversa gama de organizaciones políticas y sociales –de múltiples signos partidarios–, que un Gobierno que en menos de ochenta días de gestión ya desmanteló todos los dispositivos estatales que construimos en los últimos diez años. Que quede claro: para el movimiento de mujeres, en el histórico debate sobre el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, el Gobierno kirchnerista fue un Gobierno de disputa, el Gobierno de Mauricio Macri es un Gobierno de resistencia.

Las cifras de la negación 

En América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 4 millones y medio de abortos, lo que representa un aproximado de nueve abortos por minuto. El 95% de esos abortos son realizados en contextos de ilegalidad.

En el caso de Argentina, las cifras oscilan entre los 460.000 y los 600.000 abortos clandestinos anuales, de los cuales sólo el 2% han sido enmarcados como Abortos No Punibles (ANP) a partir de los protocolos argentinos vigentes. En tanto la mortalidad de mujeres con capacidades reproductivas sigue siendo la tercera causa en los índices de muertes de mujeres.

Cabe aclarar que la construcción de estadísticas en torno a la práctica de los abortos es profundamente compleja, teniendo en cuenta que no existen registros públicos oficiales por su ilegalidad; pero, lo que es peor aun, el sistema de salud tiene una actitud institucional de absoluta negación frente a esta problemática, al punto tal que no se registran los ingresos por abortos espontáneos y hemorragias.

Construir estadísticas en un Estado que penaliza y en un sistema mediático que demoniza a las mujeres que abortan es similar a prender una linterna en medio de un cuarto en absoluta oscuridad. Aquel pequeño rincón que alumbramos está reflejado en los números arrojados. Imaginemos, por un minuto, si la habitación estuviera expuesta a plena luz.