Por Jorge Jaunarena*
La desaparición
El 17 de agosto de 1993 constituyó un antes y un después en la historia de los derechos humanos en la Facultad y en toda la sociedad argentina: desaparece el estudiante Miguel Bru, tras ser detenido y torturado por agentes policiales de la Comisaría 9. ° de la ciudad de La Plata. Tenía 23 años, era mi amigo y compañero de ingreso en la promoción 89 de la Escuela Superior de Periodismo (ESP) de la Universidad Nacional de La Plata (unlp).
Al momento de su desaparición, Miguel vivía en una casa tomada en el barrio El Mondongo de La Plata, con varios/as/es integrantes de Chempes 69, su banda de música punk. El nombre surgió porque uno de los integrantes, José Fraire De La Cuadra, nieto de Licha De La Cuadra, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se había exiliado en Suiza, luego de la desaparición de su padre y sus tíos, y como era el año del Mundial 78 en ese país lo habían apodado «Chempes», en alusión al goleador argentino Mario Kempes. Cuando sucedió lo de Miguel, su mamá, Estela, también miembro de Abuelas, fue fundamental en la formación y en el acompañamiento de Rosa.
En general, las letras de las canciones las escribía Miguel, que era el cantante de la banda. Algunos versos alusivos de sus letras dan cuenta de cómo pensábamos y éramos:
A esta mierda digo no, algún día venceremos. Cada cual se va a ocupar, de que todo salga bien. Sí, ya sé, y yo te entiendo, es difícil no es un juego. Hagámoslo ahora, el futuro es nuestro.
No te importan más los desaparecidos, no te importa más si yo perdí a un amigo. No te importa más, amigo del indulto, tu vida es un insulto.
Esa casa, ubicada en calle 69 entre 1 y 115, era el lugar donde vivían, ensayaban y hacían reuniones. En esa propiedad, también habían sido víctimas de dos allanamientos ilegales, muy violentos y a punta de pistola, por parte del personal de la Comisaría 9. ° De La Plata: en el primero, se presentaron violentamente con la excusa de que los vecinos habían denunciado ruidos molestos −nunca se supo quién fue el denunciante−; en el segundo, adujeron el supuesto robo a un kiosco, aunque tampoco nunca apareció esa denuncia. La policía jamás reconoció estos hechos. Una constante en la historia argentina: la fuerza policial nunca reconoce los hechos o, mejor dicho, oculta sus irregularidades, sus delitos y sus crímenes.
En los allanamientos, los policías rompieron instrumentos y se llevaron detenidos/as/es a algunos/as/es amigos/as/es, sin encontrar rastro alguno de lo que supuestamente buscaban. Miguel, creyendo que se protegía y que pondría un freno a estas situaciones, luego de consultarlo con su madre, denunció al personal policial. Desde entonces, comenzó a ser víctima de un hostigamiento constante, de insultos y de persecuciones en auto a paso de hombre, inclusive, en presencia de su novia y sus amigues. Lo amenazaban diciendo que si no retiraba la denuncia lo matarían. La maquinaria criminal policial ya estaba en marcha.
Lamentablemente, en ese momento no tomábamos conciencia del peligro. Cuando Miguel nos relataba las amenazas, lo normalizábamos como parte de las prácticas policiales de las que éramos víctimas en esa época, por el solo hecho de ser jóvenes, escuchar rock y querer vivir en libertad. Siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiéramos tomado conciencia de lo que significaban las amenazas o de lo peligrosa que era esa gente. Tal vez, las cosas hubieran sido distintas.
La culpa es una sensación que recorre el entorno más allegado a las víctimas, es algo que siempre escucho y que me conmueve cuando se acercan a solicitar ayuda a la Asociación Miguel Bru.
El 15 de agosto de 1993, Miguel fue a cuidar la casa de una pareja amiga que vivía en el campo, en la localidad de Bavio, a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata y, desde entonces, no volvimos a verlo. Su ropa y su bicicleta aparecieron prolijamente ubicadas a la orilla del Río de la Plata, cerca de la propiedad que Miguel cuidaba. Me enteré de su desaparición el sábado 21 de agosto, en el torneo de fútbol interno de Periodismo donde jugábamos en el mismo equipo. A partir de entonces, comenzamos con lo que primero fueron sospechas y luego certezas: Miguel era otra víctima del atroz accionar del personal policial de la Argentina; en este caso, de la policía bonaerense.
Recuerdo una experiencia bastante macabra, que refleja la injusticia, la desesperación, la desolación y la impotencia que sentíamos en el momento. El domingo 22 de agosto, fuimos a buscarlo a Punta Blanca, el lugar donde había aparecido la ropa, una selva marginal con mucho pantano. De repente, llegó la policía, nos indagó como si sospechara de nuestra culpabilidad, y se llevó a un compañero a la comisaría para revisar sus antecedentes. Mientras tanto, la policía no quería tomar la denuncia por la desaparición en ninguna de las comisarías por las que peregrinaba su madre. Y tampoco quiso buscarlo.
Recuerdos fuertes y oscuros, como esa noche, a poco de la desaparición, en la que luego de una reunión la policía golpeó violentamente la puerta de mi casa, gritando: «Es la policía». Tuvimos miedo, nunca abrimos y con mi compañera siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si hacíamos lo contrario. Recuerdo las sensaciones que me corrían por el cuerpo cuando íbamos a reconocer gente a los hospitales, por si se trataba de Miguel. Pero no había tiempo para detenerse en esas cosas, la víctima era Miguel, en primer lugar, y, después, su familia.
También viene a mi memoria el día que fuimos a la casa de Rosa para decirle que necesitábamos un abogado. Ella nos contestó: « ¿Para qué, si ya hay un juez investigando?». La duda le duró muy poco, porque enseguida comprendió lo que estaba sucediendo. Recupero esta anécdota, que Rosa siempre cuenta en sus charlas, para dar cuenta de la importancia de nuestro rol ante los hechos, en relación con el acompañamiento a familiares de las víctimas. Una lección que aprendimos, que fue clave en este caso, y que en la actualidad tratamos de poner en práctica desde la acción política que llevan adelante tanto la Asociación Miguel Bru como la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la unlp.
Ante la profunda tristeza por la pérdida de un ser tan querido, fue central el rol del grupo más cercano de amigues. Cursábamos juntos, nos reuníamos de noche para divertirnos, nos ayudábamos con las mudanzas, formábamos grupos de estudio, festejábamos cumpleaños, construíamos parejas, compartíamos viviendas, vacaciones, entre otras acciones que constituían nuestra vida cotidiana.
Nuestro compañero Cristian Alarcón, quien con su investigación periodística en el diario Página/12 fue uno de los principales impulsores para que se supiera la verdad, escribió:
Miguel era parte de una gran banda que sabía pasarla bien, aunque golpeada, solía caminar en zigzag en grandes patios llenos de rock cuando éramos universitarios y estudiábamos periodismo en lo que llamábamos la Escuelita. Solíamos escaparnos irresponsablemente de las clases aburridas para seguir el ritmo de la ciudad donde en esa época los pibes no querían dormirse y todo devenía en festejo, ruidos de baterías punkis, cierta nube de precoz desesperanza mezclada con la candidez y la virginidad más desenfadada que haya conocido (Jaunarena, 2005, p. 78).
Pero no solo sentíamos dolor, era mucha la bronca contra el poder político por su complicidad y muy difícil convivir con la idea de que a nuestro amigo le habían hecho lo mismo que se hacía durante la última Dictadura. Era tremendamente doloroso e indignante y nos causaba mucha impotencia, porque entrada la democracia pensábamos que esas prácticas, tema de militancia permanente desde la apertura democrática y que nos había marcado a fuego como generación, eran parte del pasado. Con el correr de los años, entendimos que las prácticas de represión y la corrupción eran y son una constante a lo largo de toda la historia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, sin que ningún proyecto político haya podido aportar una solución concreta.
Las prácticas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas por las fuerzas armadas durante la última Dictadura cívico militar eclesiástica, continuaban enquistadas en las fuerzas policiales, al tiempo que la ausencia de justicia la convertían en una corporación plagada de hechos corruptos y violentos. Eran moneda corriente, por esos tiempos, las detenciones por averiguación de antecedentes, sobre todo de jóvenes, que luego eran sometidos/as/es a provocaciones, malos tratos y torturas que llegaron, incluso, hasta el asesinato y, como en el caso de Miguel, a la desaparición del cuerpo.
Por esos años, se sucedieron una serie de hechos de extrema violencia policial que llenaron numerosas páginas de la prensa, y que generaron marchas y movilizaciones en reclamo de justicia. Solo para mencionar algunos casos:
– Andrés Núñez (1960-1990), desaparecido y asesinado por policías en la Brigada de Investigaciones de La Plata, su cuerpo fue encontrado cinco años después en el campo de un policía. Es el primer hecho de desaparición forzada de personas en democracia.
– Maximiliano Albanesse (1973-1990), torturado y asesinado por un policía de la ciudad de Berisso en la puerta de un boliche bailable en La Plata.
– Walter Bulacio (1973-1991), asesinado por policías federales a la salida de un recital.
– Cristian Guardatti (1971-1992), asesinado y desaparecido por la policía de Mendoza.
Para entonces, empero, muchos/as/es de nosotros/as/es teníamos formación política y experiencia de militancia o de diversas formas de activismo. De allí que para preservar nuestra identidad y para darnos cohesión como colectivo, compañeros/as/es y amigues formamos la Comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel, encabezada por Rosa Barú. Con esa denominación firmábamos documentos y volantes, lo que nos daba cierta seguridad en momentos de mucha vulnerabilidad para nosotros/as/es, ya que nos estábamos metiendo contra la corporación policial de la bonaerense.
La complicidad judicial
Los policías tenían a su favor un hecho clave: la complicidad judicial. En un principio, nos llamó la atención que el juez de la causa, Amílcar Vara, se negara a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial y que públicamente asegurara: «Mantengo la íntima convicción de que Bru está vivo». En otra declaración a la prensa, más propia de un genocida que de un juez de la democracia, afirmó: «No hay nada que permita manifestar que la desaparición es un delito».[1]
En su oficina del juzgado, varias personas escucharon frases tales como «mirá lo que parece en esta foto, seguro que era homosexual y drogadicto». Incluso, sin fundamento alguno, llegó a decirle a Rosa Bru: «Sospecho que se ha ido con alguna chica a Brasil». Este tipo de expresiones también fueron escuchadas por las madres de las víctimas de la última Dictadura cívico militar eclesiástica cuando golpeaban las puertas de los militares para pedirles explicaciones sobre la desaparición de sus hijos/as/es. Con argumentos similares, durante muchos años, el inconsciente social argentino se trabajó con frases del tipo «en algo andará» o «por algo será», con las que se intentaba justificar crímenes aberrantes.
El juez Vara no volcaba en los expedientes las declaraciones que vinculaban a los policías con el hecho. Mantenía la carátula de la causa como «Averiguación de paradero» y, por ende, no le permitía a Rosa Bru intervenir como «particular damnificado», alegando que «si no hay cuerpo, no hay delito». Otra constante de nuestra historia: la misma carátula de las causas judiciales de nuestro/as/es desparecidos/as/es durante la última Dictadura cívico militar eclesiástica y, también, la de Jorge Julio López, desaparecido en La Plata en 2006, luego de declarar en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
En tanto, Pedro Klodczyk,[2] el entonces Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –cuyo nombre se asocia en la actualidad a la llamada «maldita policía»–, declaró ante los medios de comunicación: «No hay ningún nexo que permita vincular el accionar de personal policial con la desaparición de Bru»,[3] pese a las declaraciones de familiares y de amigues que señalaban que Miguel era permanentemente amenazado por efectivos policiales. En las declaraciones durante el juicio, tampoco hubo ningún policía de los que esa noche estuvieron en la Comisaría 9. ° que recordara alguna irregularidad.
Sin embargo, esos fundamentos comenzaron a caerse a medida que se aportaban más pruebas que comprometían a los agentes policiales.
Finalmente, conseguimos que Vara fuera sometido a un Jurado de Enjuiciamiento y, tras comprobarse que había cometido irregularidades en 26 causas en las cuales estaba involucrado personal policial que había sido beneficiado, destituido como juez. La denuncia, realizada por la Comisión de familiares, compañeros y amigos de Miguel, se sintetizaba en la siguiente consigna: «No hay maldita policía sin maldito poder judicial». Vara, empero, nunca fue juzgado por la justicia ordinaria, ya que sus ex colegas se excusaban alegando incompatibilidad.
La búsqueda de justicia
La policía, sin embargo, no había tenido en cuenta un hecho fundamental: Miguel era un pibe pobre, sí, pero era estudiante de una universidad pública y, específicamente, de una unidad académica movilizada por sus estudiantes y sus docentes, acostumbrados/as/es a participar en marchas en defensa de los derechos humanos y a posicionarse frente a la lucha por el derecho a estudiar y a enseñar, problemáticas de ese contexto político.
La facultad de periodismoera una de las más movilizadas. Había sido una de las cinco unidades académicas cerradas por la última Dictadura cívico militar eclesiástica, con casi la mitad de la población académica desaparecida, asesinada y exiliada. Los debates políticos que allí se producían eran reconocidos por toda la comunidad universitaria, por lo que contábamos con un bagaje experiencial organizativo desde donde partir para discutir las estrategias a seguir.
Teníamos que ser muy estratégicos en nuestro discurso para desmontar y para denunciar el aparato judicial corrupto. En ese marco, desde la facultad desarrollamos una estrategia para difundir y para presionar a través de los medios de comunicación. Pronto, la «ingeniería» mediática que armamos ocupó un lugar clave para presionar al poder político-policial, para difundir el hecho y para crear conciencia social.
Las decisiones se tomaban en asambleas que realizábamos, siempre respetando que la última palabra la tuviera la familia de Miguel. Con las movilizaciones en el espacio público y mediante la estrategia mediática –les compañeros/as/es y amigues de Miguel ya teníamos experiencia profesional en medios masivos–, el hecho rápidamente tomó relevancia pública y miles de personas marcharon por las calles para acompañar el pedido de justicia. Esto, sin duda, puso a prueba nuestra capacidad político-comunicacional.
La esp era una especie de base de operaciones desde donde se organizaba la lucha. Empezamos a elaborar un sinnúmero de documentos políticos y periodísticos directos y punzantes, que mezclaban la fuerza, la ternura y el dolor sincero de una madre con la narrativa, la formación y la juventud de estudiantes de Periodismo.
Rosa: amor, lucha y solidaridad
Siempre digo que Miguel se fue
pero me dejó muchos nuevos hijos e hijas.
Rosa Bru
La mamá de Miguel, Rosa Schonfeld de Bru, cumplió un rol clave y fundamental para llegar a la sentencia condenatoria. Nuevamente, como una constante en la historia argentina, una madre encabeza la búsqueda de justicia por su hijo. Sin duda, la dulzura, la solidaridad y la empatía que todos veíamos en Miguel las había heredado de ella. Cuanto más la conocíamos, más nos convencíamos de que teníamos una líder muy especial. Nos enseñó muchísimo, y su sacrificio, energía, fuerza y lucidez aún son conmovedores.
Recuerdo esos domingos maravillosos en los que extrañar a la familia se hacía más llevadero porque íbamos a la casa de Miguel, que vivía con su mamá, su papá y sus hermanes. Jugábamos al fútbol en el baldío del fondo, comíamos tallarines caseros que cocinábamos entre todos/as/es, bajo la supervisión de Rosa que los amasaba, y que generosamente compartía la mesa familiar con les amigues de su hijo. Me hacía mucha gracia que Miguel le dijera «la bruja». Era muy divertido y el amor de esa madre nos cobijaba a todos/as/es.
Rosa fue parte de nuestra crianza, nos mejoró muchísimo. Convertir ese tremendo dolor en fuerza para la lucha fue fundamental. Como dijo el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, cuando en 2006 leyó la laudatio en la entrega del premio Doctor Honoris Causa de la unlp: «Esa vida que se llevaron de su hijo, y que la puso en el escenario de la lucha, salvó muchas vidas más».[4] En la actualidad, Rosa es una referente de los derechos humanos reconocida en todo el país.
Durante 100 días, Rosa estuvo acampando en una casilla frente al tribunal de Casación de La Plata, hasta que finalmente logró la detención efectiva de los policías que habían desaparecido a Miguel. Por ese espacio circularon estudiantes, militantes, personalidades de derechos humanos y referentes de la política. Hasta el mismísimo León Gieco pasó un día a saludarla y sellaron una relación que sería trascendental para la futura conformación de la Asociación Miguel Bru.
El ejemplo de lucha y de solidaridad de Rosa nos marcó para siempre, y aún nos sigue sorprendiendo. Para la gestión de la Secretaría –y me atrevo a decir, de toda la Facultad–, su aporte y su acompañamiento son fundamentales. Rosa ocupa un lugar central en nuestra política. Siempre responde a las convocatorias de les estudiantes. Jamás falla ni falta, pase lo que pase. Tiene un amor y una empatía muy especial por les jóvenes que estudian en nuestra institución, y la comunidad académica toda le demuestra su amor y su acompañamiento en forma permanente.
En el reclamo por justicia, la madre de la víctima ocupa un lugar único y central, ya nos lo enseñaron muy bien nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Por esto, en la actualidad, para la Asociación, es un eje clave –casi una condición sine qua non– poder trabajar en los diversos casos para lograr el empoderamiento de las madres de las víctimas.
El juicio oral
Se suele decir que «el delito perfecto no existe». Gracias a las declaraciones de seis detenidos en la Comisaría 9. ° que oficiaron de testigos del caso, pudo saberse que Miguel fue ingresado en esa seccional el 17 de agosto de 1993, entre las 19 y las 21 horas. Los presos, al escuchar los gritos, espiaron por las ventanas de sus celdas y vieron cómo era torturado hasta la muerte, en la sala de guardia, con la práctica denominada «submarino seco»; esto es, golpes en el estómago con una bolsa de nylon en la cabeza que produce asfixia, un método también utilizado durante la última Dictadura cívico militar eclesiástica. No obstante, como el testimonio de los privados de libertad no era tenido en cuenta, o no hubiera sido suficiente, se realizó una pericia caligráfica sobre el libro de guardia de la seccional, en donde se asienta la entrada y la salida de detenidos. Gracias a la pericia caligráfica realizada por el Instituto Balseiro,[5] se descubrió que el nombre de Miguel Bru había sido escrito y luego borrado. En el lugar, encima del borrón, aparecía el nombre de otro detenido, José Luis Fernández.
Uno de los presos alojados en la Comisaría 9. ° era Horacio Suazo, que increpaba a los policías gritándoles: «Qué le hicieron a ese pibe» y los amenazaba con denunciarlos. Meses después, una vez liberado, en un operativo con pruebas «armadas», Horacio fue asesinado. Pero antes, tuvo una idea que sería reveladora: habló sobre el hecho con su hermana, Celia Giménez, quien luego le contó a Rosa lo que había escuchado de labios de su hermano. Para tener constancia del testimonio, y luego de buscarla incansablemente durante varias noches de vigilia, Rosa la encontró y la registró con un grabador que le habíamos prestado y que llevaba escondido en la cartera (al estilo de la tradición del periodismo investigativo).
Pocos días después, evaluamos que lo mejor era entregar la cinta a un diario para que publicara el relato en la tapa. Al juez no le quedó más remedio que detener a los policías y excusarse de la causa para ser sometido a juicio, ya que tampoco había volcado en los expedientes el testimonio brindado por Celia luego de la muerte de su hermano. «Ella era prostituta y no quise embarrar la causa», eran las explicaciones que el ex juez le daba a Rosa.
Sin un juez corrupto al frente de la investigación penal, y con la presión ejercida por el estado público que había tomado el caso, las pruebas se sumaban y se convertían en irrefutables. La estructura del sistema represivo empezaba a tambalear. En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dictó la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López, que tenía numerosas denuncias por abusos y por violencias de todo tipo en la dependencia de Asuntos Internos de la fuerza. Finalmente, en 1996, se ordenó la detención del subcomisario Walter Abrigo, el comisario Juan Domingo Ojeda y los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto.
En mayo de 1999 comenzó el juicio oral y público. En él fueron condenados a prisión perpetua los policías, ex integrantes del servicio de calle, Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público. El cuerpo de Miguel sigue sin aparecer, pero su muerte pudo comprobarse a través de pruebas indirectas. El cuerpo del delito puede configurarse sin la aparición del cadáver, ya que se consideran otros elementos de juicio como, en este caso, la pericia caligráfica sobre el libro de guardia, los testimonios de los detenidos en la Comisaría 9. ° Y los testigos de las amenazas que Miguel recibía.
En 2003, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces titular de la Comisaría 9.°, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con solo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto, que era quien había borrado y reescrito el libro de guardia.
Lamentablemente, hay algo muy doloroso que no se pudo dilucidar en el juicio: qué hicieron con el cuerpo de Miguel. Teníamos muchas expectativas de que se supiera la verdad y de que nos dijeran dónde está, pero hasta el día de hoy los asesinos siguen torturándonos con su ausencia. El policía Abrigo murió en la cárcel de un infarto y López continúa preso en Sierra Chica por salir, y con el beneficio de la libertad transitoria.
En la actualidad, desde la Asociación Miguel Bru continuamos exigiendo el procesamiento del personal policial que estaba en servicio en la Comisaría 9. ° la noche del 17 de agosto de 1993, por considerar que son cómplices del hecho, y repudiamos que nunca se llevara adelante la investigación penal al primer juez que entendió en la causa, Amílcar Vara, que falleció sin ser juzgado.
Miguel tenía 23 años cuando lo desaparecieron. En estos 28 años ya se realizaron más de 39 rastrillajes de búsqueda. Su familia y la Asociación continúan pidiendo que el único detenido en la actualidad, Justo José López, el resto de los policías implicados en la desaparición, o cualquier persona que pueda brindar algún dato, cooperen para poder encontrarlo y cerrar una herida que aún sigue doliendo como el primer día
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo. Quien tenga información para aportar puede hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante el fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de La Plata; los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.
La Asociación Miguel Bru (amb)
El ideólogo de la Asociación es León.
Vino a tocar a La Plata y quería saber qué hacíamos.
Fue él quien dijo: «Vamos a hacer una asociación para que otros casos no estén solos»,
porque no todos tienen una facultad detrás como teníamos nosotros.
Rosa Bru
En 2002 se creó la Asociación Miguel Bru (amb), que tuvo como uno de sus principales impulsores al cantautor León Gieco, padrino de la Asociación, y en un principio fuerza fundamental con sus recitales benéficos. La entidad se formó con la intención de institucionalizar el trabajo que se venía realizando, fundamentalmente por parte de Rosa, de acompañamiento a los familiares de víctimas que buscaban justicia y que, al no recibir respuestas del Estado, iban a pedirle ayuda.
La principal razón social era, y sigue siendo, defender los derechos humanos de las personas frente a la violencia institucional, y, particularmente, los abusos policiales. Se patrocinan algunas causas, se asesora en otras, se acompaña a los familiares en la búsqueda de justicia, se visibilizan los hechos y se realiza un trabajo territorial de empoderamiento y de formación en estrategias de defensa frente a la violencia institucional.
La experiencia de la organización en relación con la búsqueda de justicia por Miguel, el patrocinio y el acompañamiento en la gestión de justicia, la formación como vehículo de inclusión y el empoderamiento son ejes fundamentales para la amb. Desde lo metodológico, otro importante antecedente fueron los años de trabajo en Isla Maciel, un barrio de Dock Sud ubicado en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde, a poco tiempo de creada la Asociación, comenzamos a trabajar sobre casos de «Gatillo Fácil».
La Casa de Cultura y Oficios
En 2006, y en directa relación con el trabajo realizado en la Isla Maciel, se fundó la «Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru», sede de Parque Patricios de la Asociación, que tiene como finalidad generar un espacio de contención para jóvenes en situación de vulnerabilidad social de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) y del Conurbano bonaerense, promoviendo su inclusión social mediante la capacitación en oficios con miras al fortalecimiento de su empleabilidad y a la promoción de espacios culturales.
Las actividades y los talleres que comprende el proyecto, y que se sostienen a través de los años, son: informática, diseño, periodismo, cocina, peluquería, música, radio y video comunitario; todos ellos, atravesados por la promoción y el empoderamiento en derechos humanos e implementados con herramientas y con recursos que fuimos adquiriendo mediante concursos, proyectos, subsidios y mucha militancia. También se ha dictado el plan FinEs,[6] se ha trabajado con personas en situación de calle y de vulnerabilidad, y se ha acompañado en el cumplimiento de causas contravencionales denominadas probation.[7]
En este sentido, el proyecto tiene dos ejes vertebrales: por un lado, el desarrollo de diversos talleres de capacitación en oficios y en expresión artística; por otro, la participación de les jóvenes en un espacio común que integre los distintos talleres y donde se favorezca el conocimiento mutuo, la pertenencia al espacio, la construcción conjunta del proyecto y la educación integral a través de talleres centrados en salud, educación, trabajo y comunicación.
*Secretario de DD.HH. de esta casa de estudios y de ADULP. Miembro y cofundador Asociación Miguel Bru.
[1] Declaraciones extraídas del documental «¿Dónde está Miguel?» (2000).
[2] Pedro Anastasio Klodczyk (1940-2000) fue el Jefe de la Policía bonaerense que más tiempo estuvo en el cargo. Designado en diciembre de 1991 por el gobernador Eduardo Duhalde, fue obligado a renunciar en 1996 en medio de un escándalo de denuncias de todo tipo.
[3] Declaración extraída del documental «¿Dónde está Miguel?» (2000).
[4]Distinción propuesta por la Secretaría de Derechos Humanos de la fpycs.
[5] Entidad académica argentina de alto nivel que funciona en las instalaciones del Centro Atómico Bariloche por un convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Creado en 1955, forma profesionales en física y en ingeniería.
[6] Plan para finalizar los estudios primarios y secundarios implementado por el gobierno nacional en 2008.
[7] La probation es una oportunidad que se otorga a aquellas personas que nunca antes habían cometido un delito. Es la suspensión del proceso con la condición de que la persona cumpla con reglas de conducta.
