Por Darío Artiguenave*
Este 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, a partir de una iniciativa firmada por la Unesco en 1967, en el contexto de un mundo polarizado por la Guerra Fría. La declaración pedía a los países del mundo que se comprometieran a disminuir las cifras de uno de los emergentes evidentes de las desigualdades del capitalismo, el denominado “analfabetismo”. Concepto que hoy podemos discutir y complejizar, dado que incluso las personas que no saben leer letras, sí saben leer otras cosas, otros lenguajes del mundo, aunque claramente, saber leer y escribir letras es un límite fundamental y un derecho humano que debemos promocionar y fortalecer, como puerta a otros derechos.
En un país como el nuestro, con un sistema público obligatorio, que desde la ley 1420 (1884) que el discutido Sarmiento desarrolló para sentar las bases de una red de establecimientos educativos -que aún con limitaciones- se propuso llegar a cada rincón del territorio. Uno de los más extendidos de la región, y que actualmente cuenta con escolaridad primaria y secundaria obligatoria. De todos modos, sigue habiendo personas que no logran acceder a este derecho de forma cabal. Porque el sistema no es infalible, y sobre todo, porque han habido proyectos políticos para los que la educación no ha sido una prioridad, sobre todo en proyectos neoliberales, que aunque en la retórica hablaran de educación con palabras bonitas, la han obstaculizado, desfinanciado y vaciado profundamente.
Por otro lado, nuestro país cuenta con una memoria de producción de alfabetizaciones populares en articulaciones entre la gestión estatal y otras iniciativas públicas formidables que trabajan para reparar esos daños: tanto en escuelas de la ciudad y los barrios, en las escuelas rurales, de islas; las escuelas de montaña, de frontera; bilingües o trilingües. Los sistemas de ampliación educativa del primer peronismo, la escolaridad técnica para construir un país industrial, el decreto de gratuidad universitaria del ‘49, la campaña de la CREAR en el ‘73 que tuvo a Paulo Freire como asesor. Los bachilleratos y universidades populares (como la de las Madres). Y en la misma saga sumaría apuestas gubernamentales como la ampliación del presupuesto educativo a partir de 2006, la creación del Plan FinEs 1 y 2, los CAJ y CAI, el Programa Conectar Igualdad para dar acceso a la tecnología en entornos educativos, la regulación de 2015 para garantizar gratuidad e ingreso irrestricto a la universidad pública, entre otras tantísimas iniciativas que abren a otras alfabetizaciones para ampliar derechos.
Se suman también una inmensa red de acciones desde lo público en organizaciones políticas, sociales, culturales, deportivas donde se sostienen (incluso en los 4 años de vaciamiento macrista) sedes de FinEs, políticas socioeducativas, programas culturales y deportivos, programas de alfabetización, apoyo escolar, proyectos de extensión universitaria, que permiten fortalecer la contención educativa que existe junto al sistema estatal y que le dan lugar a sujetos que por diversos motivos tienen relaciones inconstantes o han sido desplazados de las instituciones de enseñanza. Poniendo atención a las diversas dificultades de acceso al derecho a educarse con soluciones específicas.
Finalmente podríamos sumar todo lo desarrollado durante la pandemia. Un período de excepcionalidad en el que todas estas iniciativas a su manera colaboraron incorporando a sus agendas, ante la irrupción del COVID, diversas maneras para educar también en términos de cuidados sanitarios colectivos. Extendiendo la llegada de las redes de salud como otra cara de la alfabetización.
Más allá de las muy diversas metodologías, teorías, enfoques, tecnicismos y cientificismos pedagógicos, didácticos, educativos, en los que muchas/os especialistas parecen concentrarse y enredarse hoy en día, la cuestión central sigue siendo atender a que estamos hablando de un derecho fundamental, que implica que esas personas que aprenden a leer y escribir, puedan también leer su contexto, que puedan hacerlo sabiendo que el injusto mundo que compartimos puede ser transformado y que es fundamental que puedan protagonizar ese proceso junto con otras personas y organizaciones con quienes comparten esos horizontes.
*Director del Profesorado en Comunicación Social de esta casa de estudios.
