Por la Secretaría de Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se proclaman los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Dos años después, en virtud de la Resolución 423 (V) de la Asamblea General, se proclamó el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos. A partir de entonces, el concepto de Derechos Humanos se fue consolidando como guía de políticas públicas internacionales, nacionales y locales.
Cuando la Asamblea General aprobó la Declaración, la proclamó como «norma común de conducta para todos los pueblos y naciones», hacia la cual los individuos y las sociedades debían «esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales, para lograr su reconocimiento y observancia universales y efectivos». La promesa de la Declaración de dignidad e igualdad de derechos para todas las personas no deja, sin embargo, de ser una promesa.
El avance del neoliberalismo y la propagación de los discursos de odio, las desigualdades sociales y económicas, los distintos contextos políticos que han atravesado y atraviesan los pueblos, en definitiva, la historia, nos demuestra que no hay derechos inalienables y que no todos somos iguales ante los ojos de la Justicia.
En nuestro pasado reciente, la última dictadura cívico-militar-eclesiástica repetía en campañas oficiales un slogan macabro: “los argentinos somos derechos y humanos”. La frase se mostraba en radio y televisión, en vía pública y automovilistas llevaban el sticker en sus autos, mientras se ejercían desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, entre otras atrocidades que han sido judicialmente calificado como genocidio.
Eduardo Galeano expresa acerca de la Declaración: «Todos tenemos derecho a transitar libremente», afirma el artículo 13. Entrar, es otra cosa. Las puertas de los países ricos se cierran en las narices de los millones de fugitivos que peregrinan del sur al norte, y del este al oeste, (…). Unos cuantos mueren en el intento, pero otros consiguen colarse por debajo de la puerta. Una vez adentro, en el paraíso prometido, ellos son los menos libres y los menos iguales”. Aunque el artículo primero de la Declaración afirme: “Todos/as/es hemos nacido libres e iguales”.
Tal vez es cierto: nacemos iguales y a los pocos minutos ya hay diferencias. Pero por esa razón es necesario seguir levantándose contra cualquier injusticia. En el acto del 17 de octubre, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner expresó lo siguiente: “(…) no estar condenado por la cuna, haber podido nacer en una familia trabajadora y llegar a Presidente de la República. Eso es la movilidad social y el peronismo”.
Los derechos se obtienen desde las luchas colectivas del pueblo y si bien no son una creación del Estado, sí debe ser quien los reconozca y los garantice. No son un privilegio. Porque también recordamos día a día lo que nos enseñó Evita: donde hay una necesidad, nace un derecho. Ese es el principio activo de los derechos sociales.
