Por Gabriela Chaparro (*)

En mayo de 2015, la periodista Marcela Ojeda, publicaba en su cuenta de twitter: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales…mujeres, todas, bah.. no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO.

El 3 de junio de 2015, irrumpe en la historia Argentina el “NI UNA MENOS”, un grito colectivo como expresión masiva para visibilizar y denunciar las violencias por razones de género.

La lucha contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+), tiene una larga tradición en nuestro país, pero el femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años, fue el detonante para que ese 3 de junio miles de personas, se organizaran y convocaran, a través de las redes sociales, a movilizar en respuesta a una sucesión de femicidios ocurridos en todo el país.

Con carteles que decían, entre otras frases, “Nos están matando”, “Tu madre, tu abuela, tu hermana y tu tía, todas decimos basta” y “Nuestros derechos cuentan” se llenaron las calles con el mismo objetivo: ponerle limite a la violencia machista.

Desde entonces, cada año el 3J es una fecha en la que se manifiesta el compromiso de lucha y se convoca a reflexionar, visibilizar, denunciar y salir a las calles para seguir exigiendo poner fin a los crímenes de odio y a la violencia por motivos de género.

Con los años, a la expresión “NI UNA MENOS, Basta!, nos están matando” se fue sumando el pedido por la libertad de presas políticas, por la interrupción legal del embarazo y luego por la efectiva implementación de la Ley 27.610; por reforma judicial transfeminista para comenzar a abordar la falta de acceso a la justicia para mujeres y disidencias frente a casos de violencia de género, así como también la urgente formación para poder garantizar un abordaje integral y una mirada popular con perspectiva de género por parte del Poder Judicial; por el acompañamiento adecuado a quienes son victimizadas por violencia machista; por mayor protección a las niñeces y juventudes víctimas directas tras el femicidio de sus madres; por la aplicación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans; por el reconocimiento de trabajos no remunerados, ya que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Estos recaen mayoritariamente sobre las mujeres porque hemos sido educadas en el mito del amor romántico y en la noción cultural de que las mujeres son mejores cuidadoras que los varones.

Esto, produce una sobrecarga de trabajo e impacta negativamente en el acceso mercado laboral remunerado y su sostenimiento, reforzando así las desigualdades. Por ello, es preciso la urgente (re)distribución del trabajo de cuidado.

Pero también, decir que tenemos que poner en el centro de la escena el tema de la violencia política y con ella la defensa irrestricta de la democracia. Porque lo personal es político y sin democracia no hay ni una menos, ni justicia social.

Recordemos que este año Argentina recibió la visita de la comisión de expertas de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de analizar la situación de violencia política contra la dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. En el informe que presentó dio cuenta de las violencias ejercidas contra su persona: Persecución, intento de feminicidio político (magnicidio) y proscripción política. Todas vulneraciones ejercidas por parte de grupos de poder políticos, judiciales y mediáticos por su condición de mujer y las políticas de inclusión y reconocimiento de Derechos implementadas durante sus mandatos presidenciales.

En ese sentido, cabe destacar que las naturalizaciones de las violencias se traducen en las frías cifras que se muestran a diario y que engrosan los indicadores estadísticos sobre las violencias más extremas como los femicidios, transfemicidios y travesticidios.

De acuerdo al Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2022 se registraron doscientos cincuenta y dos (252) víctimas letales en todo el país. Doscientos diecinueve (219) femicidios y siete (7) travesticidios.

Mientras que el observatorio “Lucia Pérez”, que se actualiza diariamente, muestra que en el mismo periodo las víctimas de violencia patriarcal ascienden a trescientos treinta y unos feminicidios.

A su vez, el Informe de Relevamiento de Homicidios Dolosos de la Procuración General de la Provincia indico, en el cuadro 12, que durante el año 2022 las IPP iniciadas por HDC por causa, razón o móvil, por departamento judicial, en números absolutos fue un total general de ochenta y un (81) femicidios. Cabe aquí subrayar que la Ciudad de La Plata, con quince (15) víctimas de violencias por razones de género, se destaca por ser la Capital Provincial de los femicidios.

En estos ocho (8) años, desde el primer NI UNA MENOS, y de acuerdo al informe del observatorio “ahora que si nos ven” se registraron dos mil doscientos cincuenta y siete (2257) femicidios.

El Ni Una Menos representa una bisagra en la lucha del movimiento de mujeres, feminismos y disidencias, que hizo posible una mayor visibilización de las luchas contra las violencias y simboliza un parteaguas que coloca a la agenda de las desigualdades y las violencias en el debate público contribuyendo a señalar que la agenda de género es una agenda por los Derechos Humanos, que la feminización de la pobreza, y la desigualdad es una deuda de la democracia y que intervenir en consecuencia es una obligación y compromiso indelegable del Estado en todos los niveles: internacional, nacional, provincial y municipal, de garantizar la igualdad y el acceso a derechos de todas las personas, sin distinción de clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad y expresión de género, orientación sexual, presencia de discapacidad, entre otras.

En estos años, pese a los avances tales como, la sanción de la Ley Brisa; la sanción la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, por el caso del femicidio de Micaela García; la creación de ministerios de mujeres y disidencias; la jerarquización de áreas para el abordaje de violencias; la creación del registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de representación política; el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE); la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, entre otras, aun predomina la cultura patriarcal y los femicidios y travesticidios no parecen disminuir, lo que muestra que estos son una expresión exacerbada de las violencias, pero no la única sobre las cuales es necesario realizar un trabajo de concientización tendiente a su erradicación y allí, el compromiso de la cultura y la educación es esencial.

Desde la Secretaría de Género de la FPyCS, trabajamos acompañando a la comunidad educativa, desde un abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, tendiendo a dejar atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia para contribuir a las transformaciones necesarias que aporte a trastocar las bases sobre las que se sustentan las desigualdades y se reproducen las violencias de género, promoviendo una sociedad más equitativa, igualitaria y libre de violencias.

Porque sabemos que para resistir hay que seguir caminando, seguir construyendo, que las calles son nuestras y los derechos también, este nuevo 3J nos proponemos tomarnos un momento, darnos el tiempo de encuentro para la reflexión, generando espacios de trabajo colectivo y puesta en común, escucharnos atentamente y acompañarnos amorosamente para potenciar nuestras luchas en todos los ámbitos que habitamos: en la universidad, en los trabajos, en las casas, y también en las calles para demandar la ampliación de Derechos, defender los ya conquistados, por la reforma judicial transfeminista, la plena implementación del cupo laboral travesti trans, el reconocimiento del trabajo no remunerado y la asignación de un salario universal, porque estamos convenciadas/es que no podemos detenernos, que es insufiente la mera defensa de los derechos alcanzados y por lo tanto es preciso continuar avanzando, fortaleciendo nuestra participación política como mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y no binaries para poder incidir en la toma de decisiones públicas que impactan en nuestras vidas y las de nuestro pueblo, porque nos queremos vivas, libres, sin miedo, con trabajo, en democracia y con justicia social para continuar construyendo una Matria – Argentina más Justa, Libre, Diversa, Feminista, Inclusiva y Soberana para todas/es.

(*) Secretaria de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP