Por Claudia Villamayor*
Las tecnologías reguladas desde la perspectiva de los derechos humanos y como bien social siempre pueden ser orientadas para producir y promover sociedades igualitarias. Dicho así, puede ser un recurso muy esperanzador para definir políticas de Estado que pongan a las mismas para favorecer la ética del cuidado de la naturaleza y de las personas en su relación con ella.
Las telecomunicaciones reúnen a muchas tecnologías, constituyen un factor de interés para el sector público, el privado y el social. Cada uno, desde su naturaleza jurídico institucional, puestos en relación y con sentido de justicia social, pueden lograr sociedades no sólo igualitarias sino innovadoras en modos de existencia más saludables.
Los operadores de las telecomunicaciones pueden ser objetivo de intereses de operadores de origen estatal, de origen en la empresa privada y de origen en el sector social. La tensión se produce como con cualquier otro recurso dentro de un sistema depredador que no tiene límites en su lógica extractivista como es el dispositivo del capital. En general, quienes toman la punta para obtener el conjunto de las telecomunicaciones son corporaciones que tienen dimensión de los alcances en términos de control social, y saben evaluar el potencial económico y geopolítico de aglutinar las tecnologías. Para ello saben el valor que tiene incidir en la regulación del mercado, el uso y la distribución de esas infraestructuras tecnológicas y la incidencia que con ello adquiere para la orientación del rumbo de las sociedades.
Para el sector privado es fundamental la inversión en telecomunicaciones por eso invierte en producir innovación de modo que ello traiga beneficios mercadológicos, pero también como factor de poder en términos de capacidad de presión frente a los poderes fácticos y lo que esperan del rol del Estado. Es clave el dispositivo de contralor que despliegan los operadores privados en términos de inversión, por ello necesitan un Estado que favorezca la competencia indiscriminada y se corra de un rol central ya sea en investigación, en producción de ciencia y tecnología y mucho menos como productor y/o regulador de las telecomunicaciones. Es la eterna disputa del capital para que el Estado lo favorezca en normativas necesarias y beneficios económicos para poder desarrollarse. La prioridad es la acumulación, nunca la distribución.
Las telecomunicaciones, son una infraestructura sustantiva que provee condiciones y capacidades para la gestión de las comunicaciones en el mundo. Por eso, siempre estarán al orden del día, las innovaciones tecnológicas que múltiples condiciones de conectividad de acuerdo al dispositivo del sistema económico de acumulación a la par del cual se organizan. En ese sentido el Mercado, por excelencia, contribuye a producirlo. La Radio, la Televisión, el teléfono, la telefonía móvil, los cableados, las plataformas de datos, Internet y la conectividad, la vieja radio-navegación o también llamada telemetría, la tecnologías que proveen ubicación geoestacionaria, los satélites y otras dimensiones conexas como lo son la informática y la telemática, los sistemas digitales, los alojamientos de síntesis de datos y todas las formas de circulación, transmisión que hoy por hoy se comprenden en la convergencia digital, constituyen un factor que motiva a intereses militares, de mercado.
¿Acaso los estados no miran esto? Por supuesto que sí, dependiendo qué proyecto político gobierna. Pongamos por ejemplo, estos tiempos aciagos de pandemia, infodemia, y todas las enfermedades que genera una cuestión que a nadie escapa: la desigualdad. Ella se pone en evidencia también por los usos que de las telecomunicaciones en la convergencia digital se pueda hacer.
Pongamos ejemplos simples de la vida nuestra de todos los días: la conectividad en la Argentina hoy en tiempos de cuarentena, ya saben todos ustedes los problemas que trae el acceso para fines múltiples y no sólo educativos como nuestros caso en la Universidad Pública; la telefonía celular y el uso de datos; el uso de la línea 144 para las denuncias y pedidos de ayuda por razones de violencia de género (se conoce que una de las corporaciones telefónicas ha dejado hasta 50 horas sin funcionar esta línea); la circulación de data y datos falsos para construir condiciones culturales y de ánimo social necesarios de acuerdo a intereses de mercado y políticos que no priorizan justicia social, justicia de género y todas las dimensiones de justicia con enfoque de derechos. Podríamos seguir con muchos ejemplos y al mismo tiempo explicar las consecuencias sociales de la desigualdad que pueden estar profundizadas por un sistema de telecomunicaciones e información mientras este no está regulado como bien social por parte de un Estado comprometido con la calidad del conjunto de la ciudadanía.
Las alertas de este 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, hay que colocarlas desde la perspectiva de las necesidades de la sociedad y no del Mercado, de la vida y no del economicismo. Como lo expresara hace pocos días el presidente Alberto Fernández, “interesa salvar vidas antes que salvar las economías”. En ese sentido, se puede hacer uso de las telecomunicaciones para contribuir a la salud, a la educación, al trabajo, la igualdad de géneros, al medio ambiente, entre otros derechos humanos. La decisión sigue siendo política, la tecnología, las telecomunicaciones, la economía política de la comunicación y la cultura, desde nuestra perspectiva la tiene que regular la política que piensa desde la justicia social. El único destino posible, es la ética del cuidado y la vida.
*Directora de la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
