Por Cintia Rogovsky *
¿Cuántas veces se han puesto a pensar, como estudiantes o como trabajadores de la educación, por qué la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene educación superior gratuita y de calidad? ¿Cuántas veces han pensado en cómo eso ha influido o influye en el desarrollo del sistema científico y tecnológico? Esta cuestión, que desvela a las derechas, siempre atentas y bastante eficaces a la hora de advertir y comunicar -desde su discurso estetizado neoliberal- sobre el “gasto estatal” cuando los recursos se utilizan para garantizar derechos y distraída cuando se trata de una distribución más equitativa de la carga impositiva, es quizá valorada de manera insuficiente por quienes gozamos de estos derechos educativos. Como toda conquista popular, sobre todo en tiempos de grandes crisis, puede estar en disputa y requiere de ser defendida por quienes la concebimos como bien social.
Hagamos un poco de historia. En La educación popular en América Latina (1993), Adriana Puiggrós define al discurso de la Reforma universitaria del 18 como el “primer discurso pedagógico popular latinoemericano”. Se trató de un movimiento político pedagógico estudiantil cuyas banderas democratizadoras se expandieron por todo el continente. Sin embargo, las luchas por los derechos son dinámicas y forman parte de la trama donde lo político, como conflicto de intereses, despliega sus disputas. Así como en la Argentina agro exportadora de la Década Infame no había lugar para desplegar toda la amplitud de aquel proyecto, el germen para la construcción de un sistema universitario inclusivo que impulsaron aquellos jóvenes universitarios (muchos los y muy pocas las) de sectores privilegiados iba a rebrotar.
Debieron darse luchas y decisiones políticas, hasta la llegada del peronismo, al que, paradójicamente, se lo suele acusar de debilitar la educación del pueblo. La política del primer gobierno de Perón se despliega unos 70 años después de que iniciara el proyecto sarmientino en Argentina. Todavía no era el país de la total universalización de la educación primaria y la educación secundaria era inaccesible para las mayorías. Lejos estaba la universidad de pensarse en un modelo de nación y de desarrollo que concibiera los derechos educativos de los/as/es trabajadores/as y la educación articulada a un proyecto de desarrollo industrial, científico, tecnológico y productivo. Mucho menos, como una estrategia para promover proyectos de vidas que incluyera la democratización de los conocimientos.
Los sectores privilegiados de antes y ahora no son iguales, sin embargo tienen en común la resistencia a la gratuidad educativa (justamente porque no la conciben como derecho) y la resistencia a pagar impuestos justos a sus grandes riquezas. Es decir, sostienen una concepción de Estado excluyente, a la que hoy se agrega una concepción empresarial de los bienes sociales y culturales, más o menos compleja en este mundo globalizado y pandémico, que suelen vehiculizarse mediante fundaciones, ONG y otras estrategias privatizadoras de lo público. Los modos de pensar el mundo y gestionar las instituciones tienen hoy profundas raíces en lo neoliberal, y su voracidad por convertir todo (vínculos, instituciones, Estados, personas, relaciones políticas) en mercancías vacías de humanidad y, en consecuencia, de politicidad (ya Soledad Acuña lo dijo mejor) ponen en estado de disputa permanente a la educación pública en todos sus niveles, con enunciados sostenidos como mantras religiosos sin fundamentación científica seria y con ajenidad al sistema de educación pública y científico argentino. En ese desprecio e ignorancia se sostiene muchas veces las políticas de desfinanciamiento o intentos de privatización.
La efemérides de aquel 22 de noviembre de 1949, cuando en un contexto de ampliación de derechos para los/as/es trabajadores/as, el presidente Juan Perón firma el Decreto 29.337 que “Suspende el cobro de aranceles universitarios” nos debe ayudar, en primer lugar, a recordar que será otro gobierno peronista, unos 70 años después, el que concretará la creación de nuevas universidades nacionales, el incremento del PBI para sostenerlas así como la llamada “Ley Puiggrós” de 2015, que, como señala Eduardo Rinesi (2018) legisla por primera vez en nuestra historia que la educación superior es un derecho universal en Argentina y, en segundo lugar, a alertarnos sobre el peligro que corre siempre lo que acá se disputa, nuestros derechos, ya que, al contrario de lo que afirmó una ex Gobernadora, Argentina aún está por debajo de la media de América Latina en cuanto a universidades por número de habitantes, y muy debajo de México y Brasil. De modo que necesitamos más y mejor educación pública para mejorar la salud y la vida de nuestros pueblos.
*Docente de la UNLP, escritora y doctora en Comunicación.
