Por Sebastián Novomisky y Hugo Muleiro(*)
Las acciones de la Defensoría del Público con decenas de miles de personas vinculadas con la comunicación desde 2013, con debates, intercambios, consultas y propuestas y herramientas para que los servicios audiovisuales realicen su trabajo de acuerdo a la legislación vigente, responden por sí mismas a la falacia sobre prácticas de control o censura, usadas por un grupo de diputados opositores para promover su eliminación.
Medios de comunicación privados y públicos, sindicatos de periodistas, instituciones estatales de provincias cuyos gobiernos responden a las orientaciones políticas más diversas, universidades e institutos de formación, productoras audiovisuales nacionales e internacionales presentes en el país, medios cooperativos, comunitarios, campesinos e indígenas recurren a la Defensoría, con el anhelo de hacer que su producción responda a los parámetros de la vida en democracia.
La práctica diaria de la Defensoría desmiente automáticamente las acusaciones infundadas sobre censura: justamente porque, como dice la Ley, la función que realiza es conjugar los intereses de las audiencias con los emisores y no aplica sanciones, sino que construye herramientas claras y recomendaciones para buenas prácticas en medios. Habilita y acompaña la creación de nuevos espacios para que otra comunicación sea posible, forma y capacita consolidando un marco desde el cual el pluralismo fortalezca nuestra democracia.
Periodistas de grandes conglomerados de todas las regiones del país recurren habitualmente a la Defensoría para adecuar sus discursos a los derechos que el país instituye: solicitan ayuda sobre enunciados, evoluciones del lenguaje, el manejo de las imágenes. A menudo, esos intercambios dan a la Defensoría nuevas herramientas para compartir.
Una simple lectura de los informes que la Defensoría, como dice la Ley, presenta al Congreso de la Nación, habría permitido a quienes piden eliminar a la institución informarse sobre el carácter verdadero de su accionar: por ejemplo, sólo en 2021 más de 20 mil personas recibieron capacitación a sus equipos, a las que suman otras 10 mil en lo que va de 2022.
Paralelamente realiza uno de los monitoreos de noticias más rigurosos de la región, pudiendo relevar desde hace años problemáticas vinculadas a la comunicación audiovisual claves para una democracia plena. Convoca regularmente a audiencias públicas en todo el país, haciendo del federalismo un valor fundamental.
La gestión de la Defensoría acorde a las normas internacionales se expresa también en la cooperación que lleva adelante con organismos de Naciones Unidas, como UNICEF y es reconocida incluso por los más altos estándares mundiales, por ejemplo siendo invitada hace pocas semanas al Dia Mundial de la Liberta de Prensa organizado por la UNESCO.
Universidades públicas y privadas, así como institutos superiores, recurren también al organismo para apuntalar la formación de futuros comunicadores y comunicadoras en el desarrollo de contenidos que no discriminen por género, edad, condición social, orientación religiosa o ideología política, en cumplimiento de las normas establecidas por tratados internacionales.
La Defensoría acompaña a los medios para avanzar cada día hacia la comunicación democrática y colabora con ellos para interpretar situaciones nuevas y desafíos inesperados. Por eso es convocada una y otra vez, por eso comunicadores y comunicadoras, en no pocos casos, han aceptado cambiar prácticas, reconocen su error en público y ofrecieron espacios de reparación a personas o grupos que fueron ofendidos con mensajes no acordes con la ley.
Este organismo creado a partir de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, nació al calor de un proceso profundamente democrático, fue puesta en marcha por Cinthya Ottaviano como primera defensora, y luego de pasar por un duro proceso de acefalia e intervención, justamente durante el periodo que quienes hoy la imputan tomaban decisiones en el ejecutivo nacional, hoy se encuentra nuevamente en una etapa de desarrollo y reconocimiento internacional bajo la coordinación de Miriam Lewin, una referencia indiscutida no solo en el campo del periodismo, sino también de los derechos humanos.
Por todo esto entonces, afirmamos que la verdadera censura está dada en impedir que la institución desarrolle su trabajo para que los medios del país puedan avanzar cada día con una comunicación que contribuya a la democracia, la vigencia plena de los derechos, el pluralismo y la igualdad en un terreno que hoy es fundamental y en el cual sin dudas desde el estado y con políticas públicas sostenidas es necesario incidir.
(*)Por Sebastián Novomisky, Director Nacional de Capacitación de la Defensoría del Publico y Profesor titular de la FPyCS de la UNLP y Hugo Muleiro, periodista e integrante de la dirección de capacitación de la Defensoría del Publico.
