Por Alberto Mendoza Padilla*
A 41 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy recordamos ese hecho histórico, que marcó un antes y un después en la visibilización internacional sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en un contexto donde se han ganado varias batallas culturales, consecuencia de una madurez política e ideológica de nuestra sociedad que hoy le dice Memoria, Verdad y Justicia al Terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar, y reafirma una y otra vez que Nunca Más es Nunca Más. Y por supuesto, revalorar la lucha inclaudicable y constante que le dio sentido, y lo disputó, a lo que fue un nuevo genocidio de nuestro pueblo, me refiero a los organismos de derechos humanos y a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en particular.
Como un ejercicio más de la memoria, no debemos olvidarnos tampoco, y recordarlos permanentemente, a los responsables de ese genocidio que fue perpetrado por los sectores del poder oligárquico con el brazo ejecutor represivo de las Fuerzas Armadas. Con la anuencia y complicidad de los medios de información que llevaron a cabo una “guerra psicológica” contra la sociedad toda; también con la participación protagónica del sector de la cúpula de la iglesia católica; y por supuesto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, autor ideológico e intelectual, no solo de la dictadura en nuestro país sino en otros de la región.
La organización que se fueron dando militantes exiliadxs, familiares de detenidxs desaparecidxs, sobrevivientes de secuestros, torturas y vejaciones, tanto en nuestra tierra que la cubrió una siniestra oscuridad en la segunda mitad de la década del ´70, como en otros países, permitió reconstruir esas terribles historias y denunciarlas, en organismos internacionales, como violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se cometían en nuestra patria. Acá también varixs abogadxs presentaban habeas corpus y eran rechazados por los funcionarios judiciales. Y muchxs de esxs abogadxs pasaban a formar parte de las listas de “subversivxs”, “terroristas”, ese enemigx interno que se construyó desde el aparato propagandístico e inoculó en las subjetividades y en el imaginario social. Esx “otre” que debía ser exterminadx.
Bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional la última dictadura dejo secuelas terribles e imborrables, y no hubo derecho humano que no haya violado y vulnerado. A un año de aquel 24 de marzo de 1976, Rodolfo Walsh detalló con inexorable precisión los desastres provocados y lo que vendría, cuando escribió en la “Carta Abierta a la Junta Militar”, “El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.
A partir del 6 de septiembre de 1979, y por el transcurso de 14 días, la Comisión Interamericana de DD.HH. se instaló en Argentina para investigar las denuncias recibidas por violaciones a los derechos humanos en nuestro país desde 1975. Como las respuestas a los pedidos de informes de la CIDH eran insuficientes, cuando contestaba, o carentes de verosimilitud, sugirió la conveniencia del envío de una comisión. Tras los esfuerzos dilatorios de la dictadura, la visita se concretó tres años después del golpe.
La Organización de los Estados Americanos cuenta entre sus organismos con la CIDH, que está compuesta por siete juristas conocidos por su dedicación en la materia y propuestos por los gobiernos de los Estados miembros, a cuya creación adhirió la república Argentina. No tiene la facultad de aplicar sanciones, solo de recibir denuncias de particulares e instituciones y emitir su juicio sobre los casos a través de resoluciones y producir informes anuales o especiales que son presentados en el Asamblea General Ordinaria de la OEA.
En abril de 1980 la CIDH aprobó el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina”. Sus conclusiones son claras y determinantes. “A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el Informe se ha llegado a la conclusión de que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la república Argentina se cometieron entre 1975 y 1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”.
*Profesor y prosecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
