El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el 30 de agosto se conmemorara como el  Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La propuesta surgió de la preocupación frente a esta situación dada  en el mundo por arrestos, detenciones y secuestros ilegales y en aumento. Otro  motivo de inquietud fue el incremento de denuncias por hostigamiento, maltrato e intimidación de testigos o familiares de personas desaparecidas.

Según la ONU, se entiende por desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización o  el apoyo de éste. Cuando las autoridades se niegan a reconocer la privación de libertad u ocultan la suerte o el paradero de una persona desaparecida, esto consiste en un delito, ya que se la aparta de la protección de la ley.Al ser separadas del ámbito de   protección legal y al haber «desaparecido» de la sociedad, se encuentran privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

En las  dictaduras cívicas militares de América Latina en los años 70 y 80 fue el método más utilizado para la persecución y represión política, pero también se hace extensiva a la actualidad. En nuestro paísmiles de hombres, mujeres, niños/as/es fueron secuestrados/as/es y los pedidos de habeas corpus presentados por  familiares fueron rechazados. Si bien algunos casos fueron esclarecidos y los cuerpos encontrados, la mayoría de las víctimas todavía continúan sin aparecer.

Para que se considere desaparición forzada deben estar presentes tres componentes: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; la participación de agentes gubernamentales y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

Cada vez que se comete  el delito de desaparición forzada de personas es una grave violacióna los derechos humanos tales como: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; el Derecho al trato digno; entre otros.

En la  desaparición a través de un secuestro, arresto, detención o cualquier otro acto similar, no solo se quita la libertad, también la persona es privada de la protección de un juez, cuando no es informado su paradero, ni su situación. No importa si lo hace un representante del Estado o un grupo de personas con o sin apoyo del Estado, se debe tener en cuenta que siempre es un delito y se considera un crimen de lesa humanidad.

¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Es un crimen contra toda la humanidad. Por esa razón, no importa dónde suceda, ni la cantidad de víctimas de ese crimen, como tampoco si se lo comete en época de guerra o de paz. Un crimen puede ser de lesa humanidad aunque afecte a una sola persona. Estos delitos no prescriben y los autores de un crimen de lesa humanidad deben ser perseguidos por la justicia aunque el tiempo pase y responder sobre sus acciones.

En Argentina, fueron asumidaslas obligaciones al respecto, cuando se   firmaron todos los Tratados de Derechos Humanos que hay sobre este tema y se dictaron leyes que buscan conocer la verdad y obtener justicia de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Es un hecho lamentable que las  prácticas de desaparición forzosa se siguieran cobrando  víctimas aún en democracia, en casos conocidos como los de Jorge Julio López, Miguel Bru, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro, entre otros. Lo cual  demuestra la incapacidad del poder judicial para dar respuestas concretas a los familiares de las víctimas. Como así también queda demostrado el involucramiento y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en estos hechos aberrantes.

Secretaría de Derechos Humanos de esta casa de estudios.