La noticia impactó por su injusticia y por burlar los estándares mínimos de derechos humanos y del derecho universal a la comunicación. Como ya se sabe, la justicia británica decidió emitir una orden formal que autoriza la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, para su juzgamiento por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010 que pusieron al desnudo violaciones de derechos humanos perpetradas en Irak y Afganistán, entre otros países.

Esa información, de indudable interés público como el icónico video grabado desde un helicóptero de ataque de la fuerza aérea norteamericana mientras sobrevolaba Irak en 2007. En él un piloto conversa con otro mientras dispara desde el aire y da muerte a varios civiles y periodistas que transitaban por la vía pública, entre ellos, un fotógrafo de la Agencia Reuters que portaba su cámara. Posteriormente, el mismo sitio dio a conocer 90.000 documentos secretos relacionados con la guerra de Afganistán, casi 400.000 documentos secretos que alertarían sobre torturas sistemáticas de las fuerzas de Estados Unidos en la guerra de Irak, entre otros muchos más. 

Los recursos y caminos procesales se van agotando y el panorama no resulta de lo más auspicioso. Ahora queda solo el tratamiento por parte de la Ministra de Interior británica, Priti Patel, quien sería la última instancia ante cualquier caso de extradición.

Cabe recordar que Assange debió asilarse en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser detenido. Permaneció allí hasta 2019 cuando el Gobierno de Ecuador dejó de mantener su condición de asilado y, por tal motivo fue desalojado de la Embajada, permaneciendo a partir de allí detenido en una cárcel de máxima seguridad en Londres.

La detención y extradición de Assange no hace más que exhibir la impunidad del poder político-económico-mediático en su burdo amordazamiento ante la publicación de información de indudable interés público.

Esta Facultad, comprometida desde siempre con el derecho humano de los pueblos ha dado cuenta ya con anterioridad, en diversos foros académicos la trascendencia de la situación de privación de la libertad y persecución ilegal perpetrada contra Julian Assange. Así, el 25 de junio de 2016, en una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la entonces decana de Periodismo, Florencia Saintout expresó: “Assange es víctima de una persecución política vinculada con la prepotencia desaforada de los capitales empresariales y financieros concentrados, de los aparatos militares puestos al servicio de la crueldad, del Poder Judicial cómplice y hacedor del sufrimiento del mundo y de los aparatos de la desinformación”. Lamentablemente ese diagnóstico sigue siendo preciso y vigente.